Leonardo Grosso cuestionó el proceso de audiencias públicas y denunció que se limitó la participación ciudadana.
Comenzaron las audiencias públicas para debatir la reforma de la ley de glaciares, en un proceso que ya genera fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y ambientales. Más de 100.000 personas se inscribieron para participar, pero solo 360 fueron seleccionadas para exponer, lo que desató críticas por restricciones en la participación.
La iniciativa busca modificar el artículo que define las áreas periglaciares, un punto clave que podría habilitar nuevas explotaciones mineras en zonas actualmente protegidas. Según el Gobierno, el recorte en el número de expositores responde a limitaciones logísticas.
El dirigente peronista Leonardo Grosso, expresidente de la Comisión de Recursos Naturales, cuestionó con dureza el proceso y advirtió sobre posibles consecuencias judiciales. “La expectativa es baja. Se generó la posibilidad de una audiencia pública genuina en el marco de la Ley General de Ambiente y el Acuerdo de Escazú, pero en el camino se cercenó la participación de más de 100.000 personas”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que el mecanismo de inscripción no establecía restricciones claras desde el inicio. “No se explicó que habría cupos ni criterios de selección. Eso afecta la legitimidad del proceso”, señaló.
Críticas al procedimiento
El debate contempla 180 exposiciones presenciales y 180 remotas, distribuidas en dos jornadas. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y participantes denunciaron que la modalidad limita el acceso a la discusión pública.
Grosso fue más allá y calificó la audiencia como “una simulación”. “No garantiza una participación libre, previa e informada, ni respeta estándares legales básicos. Tampoco se explicó cómo se eligió a quienes exponen ni se consultó adecuadamente a las comunidades afectadas”, afirmó.
Además, cuestionó la rapidez de la convocatoria: “Hay una celeridad que no permite un debate profundo ni que el pueblo se exprese en igualdad de condiciones”.
El eje del conflicto
El punto central de la reforma es la redefinición de las áreas periglaciares, lo que podría ampliar las zonas habilitadas para la actividad minera. Para Grosso, esto implica un riesgo directo sobre recursos estratégicos.
“Los glaciares garantizan el caudal de agua de 39 cuencas que impactan en millones de personas. En muchos casos, aseguran más del 50% del caudal en épocas de sequía”, explicó.
También advirtió sobre posibles efectos interjurisdiccionales, como el impacto en la cuenca del río Colorado, que atraviesa distintas provincias y sostiene actividades productivas clave.
Advertencia de judicialización
El dirigente aseguró que, incluso si la reforma avanza, enfrentará rápidamente cuestionamientos legales. “Más allá de la aprobación, a las pocas horas va a estar judicializada”, afirmó.
Según su visión, las irregularidades en el proceso podrían derivar en presentaciones judiciales que frenen la implementación de la norma.
Debate político y ambiental
El apoyo a la reforma divide posiciones incluso dentro del peronismo. Algunos gobernadores respaldan la iniciativa, especialmente en provincias con actividad minera, mientras que otros sectores la rechazan.
“Esto no es una discusión entre oficialismo y oposición. Hay dirigentes de distintos espacios a favor y en contra”, sostuvo Grosso, quien planteó la necesidad de un debate más amplio.
Finalmente, subrayó la importancia de preservar el recurso hídrico en un contexto de cambio climático. “No se trata de estar en contra de la minería, sino de definir dónde puede desarrollarse. Lo que está en juego es el agua y el modelo productivo del país”, concluyó.
El debate continuará en la Cámara de Diputados, en medio de una creciente controversia sobre el alcance de la reforma y sus posibles impactos ambientales, sociales y legales.
