El Gobierno sorprendió al sumar, a último momento, un artículo al proyecto de modernización laboral que enviará al Congreso. Se trata del artículo 91, una cláusula que no figuraba en las versiones oficiales difundidas hasta ayer y que apunta directamente al traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, un reclamo que el oficialismo considera clave para reformar un fuero al que define como “hostil” hacia las empresas.
El Presidente Javier Milei, acompañado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, firmó el proyecto que ahora incluye esta disposición:
“La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y el Gobierno de CABA”.
El texto agrega que, una vez completado ese acuerdo, se avanzará en los actos necesarios para su progresiva disolución.
Una señal política en medio de tensiones con los jueces laborales
La incorporación repentina del artículo 91 se interpreta dentro del Gobierno y en el entorno empresarial como una muestra de que Milei está decidido a avanzar con la transferencia de los juzgados laborales a la Ciudad. En los últimos meses, la administración libertaria acumuló fallos adversos, entre ellos la declaración de inconstitucionalidad del DNU 70, lo que intensificó las críticas del oficialismo hacia el fuero.
Según reconocen funcionarios libertarios, la decisión es un “misil” destinado a un sector de la justicia que consideran alineado con el sindicalismo y el kirchnerismo. La Casa Rosada sostiene que el proyecto respeta lo que exige la Constitución tras la reforma de 1994 y lo que ya pidió la Corte Suprema.
Un tema que parecía frenado y ahora vuelve a escena
Hasta este giro de último momento, el traspaso de los juzgados laborales parecía haber quedado en pausa. El Ministerio de Justicia no había mostrado señales de querer acelerar la medida, pese al aval de la Corte en un fallo del año pasado que habilitó al Tribunal Superior de Justicia porteño a intervenir como instancia superior en causas civiles, comerciales, penales y laborales.
Aun así, el gobierno porteño ya se venía preparando. Desde comienzos de año funciona la Comisión de Transferencias de Competencias Judiciales, integrada por Nación y Ciudad, con participación de jueces, asociaciones y operadores del sistema.
Fuentes del equipo de Jorge Macri señalaron a Infobae que la Ciudad está lista para recibir la nueva carga judicial:
“En materia laboral, la Ciudad ya está preparada. Pusimos en funcionamiento el fuero local para conflictos individuales, sancionamos el Código de Procedimientos Laboral y avanzamos en los concursos, que hoy están en revisión”.
Preocupación en el Gobierno por la “industria del juicio”
La ofensiva oficial se relaciona también con el incremento de litigiosidad en el Sistema de Riesgos del Trabajo. En julio, fuentes de la Casa Rosada dejaron trascender que Milei estaba alarmado por el récord de demandas previsto para 2025 y por las sentencias laborales que consideran favorables al sindicalismo.
En ese contexto, el Presidente retuiteó un mensaje que sintetiza el clima político en el oficialismo:
“Se viene la motosierra para la industria del juicio y los caranchos”.
Un capítulo más en el conflicto entre el Ejecutivo y el fuero laboral
La inclusión del artículo 91 reabre un debate histórico sobre la autonomía de la Ciudad y el funcionamiento de la justicia laboral en el país. También promete tensiones en el Congreso, donde la reforma laboral ya anticipa un escenario de fuerte disputa política.
