El Gobierno nacional puso en marcha la primera etapa de negociaciones políticas para avanzar con la reforma laboral. El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó este miércoles a Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, en lo que constituye el inicio formal de una ronda de encuentros con mandatarios provinciales destinada a asegurar los votos necesarios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
La estrategia replica el esquema utilizado a fines de 2025 durante el tratamiento del Presupuesto 2026. En aquel entonces, antes de que el Ministerio de Economía definiera los márgenes fiscales para negociar, la Mesa Política del presidente Javier Milei encomendó a Santilli un sondeo previo por distintas provincias para identificar demandas y condiciones a cambio del respaldo legislativo.
Ese mecanismo se reactivará ahora de cara a la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, que comenzarán el 2 de febrero y se extenderán hasta la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1 de marzo. Dentro del paquete de iniciativas oficiales, la reforma laboral es considerada la más compleja desde el punto de vista político, por encima de otros proyectos como la reforma tributaria o la modificación de la Ley de Glaciares.
Incendios y agenda desplazada
Si bien el objetivo central del viaje era avanzar en el respaldo de Chubut al proyecto, la agenda política quedó parcialmente relegada por la emergencia ambiental que atraviesa la región. Un incendio forestal de gran magnitud afecta a la Comarca Andina, con focos activos en Puerto Patriada (El Hoyo), además de áreas de El Bolsón y Bariloche. Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones complican las tareas de extinción.
En conferencia de prensa, Torres subrayó que “la prioridad ahora es controlar el fuego” y destacó la colaboración de provincias como Santiago del Estero, Neuquén, Córdoba y Río Negro, además del trabajo conjunto con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. “No hay grieta cuando se trata de combatir un incendio”, sostuvo el gobernador.
Santilli y Torres recorrerán las zonas afectadas, aunque fuentes oficiales no descartan que la reforma laboral sea abordada de manera informal durante la visita.
Apoyos inciertos y reclamos provinciales
En el entorno del gobernador chubutense reconocen que aún no hay una definición respecto a la reforma laboral. Desde sectores aliados al Ejecutivo nacional, el diputado Jorge “Loma” Ávila ya anticipó que no acompañará el texto actual, mientras que la CGT y el bloque peronista mantienen una oposición frontal al proyecto.
Torres, además, busca avanzar en un acuerdo con Nación por el flujo de fondos de la caja de jubilaciones provincial, en línea con los convenios ya firmados con provincias como Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y Chaco. En paralelo, confirmó que llevará a la Corte Suprema el reclamo por una deuda de 2018 que supera los 50 mil millones de pesos.
La hoja de ruta del Gobierno
Durante enero, Santilli tiene previsto recorrer al menos diez provincias. En la agenda figuran encuentros con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), además de una reunión en Casa Rosada con Sergio Ziliotto (La Pampa).
En el oficialismo consideran que, con el apoyo del PRO, bloques provinciales y sectores del radicalismo, podría alcanzarse la media sanción en Diputados. El foco está puesto en convencer a legisladores radicales que impulsan cambios con un perfil más cercano a las demandas sindicales.
En paralelo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, junto a Santilli, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt, retomará las conversaciones con bloques aliados. La estrategia contempla aceptar modificaciones en el Senado para que Diputados apruebe el texto sin cambios y evitar que el proyecto vuelva a la Cámara alta.
Los puntos más conflictivos
La discusión se reactivó luego de que el Gobierno decidiera postergar el tratamiento en el Senado. Bullrich adelantó que el debate podría extenderse hasta 45 días y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar propuestas: “Queremos tener el instrumento, no va a ser el final del camino”.
Uno de los ejes más cuestionados es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obliga a los empleadores a aportar un 3 % del salario bruto para cubrir indemnizaciones por despido. La iniciativa genera rechazo no solo en la CGT, sino también entre gobernadores aliados y la Unión Industrial Argentina (UIA), lo que anticipa un debate legislativo intenso y con final abierto.
