El Senado uruguayo sancionó el proyecto que garantiza el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”. La ley despenaliza la eutanasia en adultos con enfermedades incurables o sufrimientos insoportables.
Uruguay se convirtió este miércoles en el tercer país de América Latina en legalizar la eutanasia, junto con Colombia y Ecuador, tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley de Muerte Digna. La iniciativa había sido votada previamente por la Cámara de Representantes el pasado 13 de agosto y obtuvo un amplio respaldo multipartidario en la cámara alta, con apoyo del Frente Amplio y de sectores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
Tras más de diez horas de debate, el Senado dio luz verde a una norma que busca garantizar el derecho de las personas a morir con dignidad, despenalizando la eutanasia para mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o sufran dolores físicos o psíquicos insoportables.
“Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente y no impone conducta. Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida no puede ser considerado un delito”, argumentó el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet, miembro informante del proyecto.
El texto aprobado establece que podrán acogerse a esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales, así como extranjeros residentes en el país que acrediten su residencia habitual. La normativa detalla los pasos del procedimiento y fija garantías éticas y médicas para su aplicación.
Por su parte, el senador colorado Ope Pasquet defendió la sanción al considerar que “la ley es necesaria, liberal y humanitaria”. “Hay muchas personas que llegan al final de la vida con enfermedades incurables y sufrimientos insoportables, y desean acortar su vida para no seguir padeciendo. La ley les da una opción”, afirmó en declaraciones a la agencia EFE.
Con la sanción definitiva, el Poder Ejecutivo tendrá ahora 180 días para reglamentar la ley. Una vez publicado el decreto reglamentario, el Gobierno contará con un plazo adicional de 90 días para conformar la Comisión Honoraria de Revisión, que estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Esta comisión tendrá la tarea de supervisar y revisar los procedimientos realizados bajo la nueva legislación y elaborar un informe anual para el Ministerio y la Asamblea General.
Con esta decisión, Uruguay se suma al pequeño grupo de países del mundo que reconocen la muerte asistida como un derecho humano, consolidando su tradición de vanguardia en materia de derechos civiles y libertades individuales.
