El presidente Javier Milei enviará en las próximas semanas al Congreso un ambicioso proyecto de reforma electoral que busca modificar aspectos centrales del sistema político argentino. La iniciativa incluye la eliminación definitiva de las PASO, nuevas exigencias para la conformación de partidos, cambios en el financiamiento político y la implementación de la Boleta Única de Papel.
Uno de los ejes principales del proyecto es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, un sistema que el Gobierno considera costoso e ineficiente. En su lugar, se propone fortalecer los mecanismos internos de selección de candidaturas dentro de cada fuerza política.
En paralelo, el oficialismo impulsa una reforma de la Ley de Partidos Políticos que endurece los requisitos para obtener y mantener la personería. Entre los cambios, se establece que los partidos de distrito deberán acreditar afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón electoral, mientras que para ser reconocidos a nivel nacional deberán tener presencia en al menos diez distritos. Además, aquellas fuerzas que no alcancen un piso mínimo de votos en dos elecciones consecutivas perderán su estatus legal, en una medida orientada a reducir los denominados “sellos de goma”.
El proyecto también introduce la validación biométrica de afiliaciones para evitar irregularidades y reemplazar los tradicionales registros en papel.
En materia electoral, se prevé la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que incluirá la opción de votar lista completa y permitirá unificar en un mismo instrumento cargos nacionales, provinciales y municipales en caso de elecciones simultáneas.
Otro punto destacado es la incorporación del criterio de “Ficha Limpia”, que impedirá competir por cargos electivos a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia. La restricción también alcanzará a funcionarios del Poder Ejecutivo, como ministros y directivos de empresas estatales.
En cuanto al financiamiento político, la iniciativa eleva los topes para aportes privados, elimina los límites de gasto de campaña y suprime la publicidad gratuita en medios audiovisuales. A su vez, establece sanciones para las agrupaciones que no puedan justificar el origen de sus fondos, incluyendo la pérdida temporal del financiamiento público.
El proyecto introduce además un cambio significativo en la dinámica institucional: los debates presidenciales dejarán de ser obligatorios, lo que abre un nuevo escenario en la comunicación política de las campañas.
En el plano internacional, se propone suspender la elección directa de los representantes argentinos al Parlamento del Mercosur hasta que exista una fecha común para todos los países del bloque. Mientras tanto, esos cargos serían designados por la Cámara de Diputados, respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas.
La iniciativa comenzará a debatirse en el Congreso en un contexto de negociaciones con los gobernadores, actores clave para su aprobación. El Gobierno busca construir consensos ofreciendo incentivos políticos, en una discusión que también estará atravesada por el calendario electoral y las estrategias de cada provincia.
Con este paquete, el oficialismo apunta a reconfigurar el sistema electoral argentino, en una reforma que promete abrir un intenso debate político en los próximos meses.
