La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, luego de que la propia empresa solicitara la medida ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones. La decisión judicial se produce tras el fracaso del concurso preventivo iniciado el año pasado y en un contexto de fuerte deterioro económico.
El juez Marcelo Gelcich resolvió la “quiebra indirecta por frustración anticipada” del proceso, al considerar que la compañía no presenta viabilidad económica en el mediano plazo. En su fallo, señaló que la situación de la firma configura una “insolvencia estructural”, es decir, una incapacidad sostenida para generar recursos suficientes que permitan cubrir sus compromisos.
SanCor arrastra una deuda cercana a los 120 millones de dólares, a lo que se suman importantes pasivos en concepto de salarios impagos, obligaciones impositivas y aportes previsionales. Según se detalla en la resolución, la empresa adeuda más de $12.700 millones en sueldos correspondientes a varios meses, además de montos significativos vinculados a cargas sociales y sindicales.
El documento judicial también advierte que la compañía continúa generando nuevos pasivos a un ritmo estimado de $3.000 millones mensuales, sin que su nivel de actividad permita compensarlos. En paralelo, sus plantas industriales operan muy por debajo de la capacidad instalada, lo que agrava aún más el cuadro financiero.
A pesar de la quiebra, la Justicia habilitó la continuidad operativa de la empresa de manera provisoria, con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo —actualmente unas 900— y evitar mayores perjuicios a acreedores y proveedores. No obstante, se estableció que esta continuidad no deberá implicar la generación de nuevas deudas.
En ese marco, se ordenó la elaboración de un plan de liquidación de activos que permita maximizar el recupero para los acreedores, mientras se evalúa el futuro de la histórica cooperativa.
SanCor, que llegó a ser una de las principales industrias lácteas del país, arrastra una profunda crisis desde hace años. En 2017 contaba con unos 4.000 empleados y procesaba cerca de 4 millones de litros de leche diarios; en la actualidad, esa cifra se redujo a unos 500.000 litros, reflejando la magnitud de su caída.
El deterioro se profundizó tras conflictos laborales, cierres de plantas, venta de unidades productivas y el fracaso de distintos intentos de reestructuración, incluyendo negociaciones con inversores que no lograron prosperar.
La quiebra marca un punto crítico en la historia de la cooperativa y abre un escenario de incertidumbre sobre el futuro de sus operaciones y de sus trabajadores.
