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El último borrador de 20 artículos elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales y permite la publicidad política fuera de campaña. La Casa Rosada está dispuesta a negociar cambios en el Senado para cerrar acuerdos con los gobernadores y contener las tensiones con Patricia Bullrich.
El gobierno de Javier Milei acelera las negociaciones en el Congreso para aprobar su proyecto de reforma electoral antes de fin de mes. El último borrador de dictamen, compuesto por 20 artículos, dispone en su artículo 12 la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) únicamente para 2027 —sin eliminarlas de forma definitiva—, dejando la selección de candidatos en manos de las cartas orgánicas partidarias. Además, incorpora la afiliación digital y exige avales ciudadanos recolectados a través de una plataforma electrónica de la Cámara Nacional Electoral, manteniendo la paridad de género en todas las nóminas.
El eje más sensible de la iniciativa aparece en el artículo 17, que crea un régimen excepcional de listas colectoras para 2027: una misma fórmula presidencial podrá figurar en dos columnas contiguas de la Boleta Única de Papel acompañada por dos agrupaciones con listas legislativas distintas, previo acuerdo autorizado. El esquema busca facilitar alianzas con gobernadores dialoguistas como Alfredo Cornejo (Mendoza) o el oficialismo correntino de los Valdés. Sin embargo, el proyectado artículo 63 bis —que ordena computar por separado los votos legislativos de cada lista— generó reparos internos y llevó a Gerardo Milman, estrecho colaborador de Patricia Bullrich, a advertir sobre su posible inconstitucionalidad para elegir senadores, por lo que el Ejecutivo ya admite que revisará la redacción en comisión.
El texto también incorpora Ficha Limpia (artículo 2), impidiendo las candidaturas nacionales y designaciones en cargos ejecutivos a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección, junto con la creación de un Registro Público específico. En paralelo, el artículo 7 habilita la difusión de avisos electorales en medios, internet y vía pública fuera de los plazos de campaña, elimina el carácter obligatorio de los debates presidenciales —dejando como optativo un eventual cruce en balotaje— y establece que los representantes argentinos ante el Parlasur sean designados entre legisladores nacionales sin remuneración extra. El debate comenzará este martes a las 15 en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto, con la mira puesta en votar en el recinto el jueves 26 de noviembre.
















