La denuncia fue presentada ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en el marco de una escalada inédita desde el fin de la dictadura militar, en 1985, iniciada luego de la asunción del mandatario ultraderechista, en enero de 2019.

La denuncia puede llevar a Bolsonaro ante los tribunales internacionales de la ONU acusa al presidente de los siguientes delitos: invasiones y ataques de mafias agrícolas a las tierras indígenas, deforestación, quema de pastizales y destrucción del ambiente, minería ilegal y apoyo a mafias de la minería ilegal en tierras indígenas y propagación de la pandemia de Covid-19 en las tierras indígenas.

Es la tercera denuncia presentada ante la CPI contra Bolsonaro, pero por primera vez su autoría es de abogados indígenas, reunidos por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que representan a casi 1 millón de personas de los pueblos originarios.

La presentación, anunciada por los abogados, coincide con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas establecido el 9 de agosto por la ONU.

El excapitán defendió que durante su gestión no habrá más demarcaciones de tierras ancestrales para indígenas, y promueve la siembra de soja entre las tribus, para convertirlas en proveedores del agronegocio plantando en las tierras reconocidas por el Estado.

«Después de la redemocratización, sin dudas, es el peor presidente para los pueblos indígenas», dijo Dinaman Tuxá, director de APIB y uno de los firmantes del pedido, basado también en el concepto de genocidio utilizado por la CPI en sus sentencias más determinantes, referidas a la guerra de desintegración de la exYugoslavia y a Ruanda.

El rol de Bolsonaro en el marco de la pandemia de coronavirus, que provocó la muerte de 1.100 indígenas, está incluido en el pedido, sobre todo por reducir el accionar de los organismos públicos de protección a las comunidades originarias.