La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió modificar su estrategia judicial y dejará de apelar las sentencias favorables a jubilados que cuestionan el cobro del impuesto a las Ganancias sobre sus haberes previsionales.
La decisión quedó formalizada mediante la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos y marca un cambio significativo en la postura del Estado frente a los reclamos previsionales que llegaron a la Justicia en los últimos años.
A partir de ahora, los representantes del organismo no presentarán nuevos recursos ante la Corte Suprema en causas vinculadas con jubilaciones alcanzadas por Ganancias y, además, desistirán de apelaciones ya iniciadas que aún no tengan resolución definitiva.
Según explicó ARCA, la medida busca evitar mayores costos para el Estado ante una jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema, que desde hace años viene rechazando de manera sistemática las apelaciones del fisco en este tipo de expedientes.
El antecedente central es el fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado por la Corte en marzo de 2019. En aquella resolución, el máximo tribunal declaró inconstitucional la aplicación del impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios en casos de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente adultos mayores con problemas de salud.
Los jueces consideraron que el envejecimiento y la discapacidad generan mayores necesidades económicas y que esas condiciones deben ser contempladas al momento de definir la carga tributaria sobre jubilados y pensionados.
A partir de ese fallo, la Corte mantuvo el mismo criterio en expedientes similares, incluso después de las modificaciones introducidas en la Ley de Ganancias mediante la Ley 27.617.
Con la nueva instrucción, ARCA también ordenó que, en los casos donde las cámaras federales ya rechacen de manera reiterada las apelaciones del organismo, los representantes fiscales acepten esas decisiones sobre la cuestión de fondo.
Sin embargo, el organismo aclaró que podrá seguir litigando aspectos vinculados a honorarios y costas judiciales para reducir el impacto económico sobre el Estado.
La medida no alcanzará a todos los casos. ARCA estableció excepciones para expedientes donde existan circunstancias particulares o cuando quienes impulsan la demanda no tengan legitimación activa, como asociaciones o entidades profesionales.
En paralelo, la resolución vuelve a poner el foco sobre un tema pendiente: la falta de una legislación específica para jubilados y pensionados en situación de vulnerabilidad. En el fallo “García”, la propia Corte Suprema había instado al Congreso a avanzar en una norma que contemple un tratamiento diferencial para esos sectores.
Mientras tanto, la decisión de ARCA implica, en los hechos, un reconocimiento de que la estrategia judicial sostenida hasta ahora dejó de ser efectiva frente al criterio consolidado del máximo tribunal.
