Blaksley enfrentará otro juicio oral por tentativa de estafa procesal

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El detenido Enrique Blaksley enfrentará otro juicio oral por tentativa de estafa procesal, a raíz de presuntas maniobras desplegadas durante el trámite de un acuerdo preventivo extrajudicial de su empresa Hope Funds ante la Justicia comercial, informaron hoy fuentes judiciales.

Los hechos fueron denunciados en mayo de 2018 por el juez en lo Comercial de primera instancia Sebastián Sánchez Cannavo por un supuesto intento de engaño para que homologara un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que habría defraudado a más de 1.000 acreedores, según el requerimiento de elevación a juicio fiscal, informaron a Télam los voceros judiciales.

Este nuevo juicio quedó sorteado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, situado en el edificio judicial del barrio porteño de Retiro, pero sus integrantes resolvieron enviar el expediente a los jueces del TOF 4, que ya juzgan a Blaksley por asociación ilícita y estafas.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Blaksley y otros cuatro procesados, Verónica Vega, Ramiro Rua, Sergio Orencel y Oscar Massabie, habrían «intentado engañar al jueza fin de que homologara el Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Hope Funds S.A»

Los acusados «intentaron defraudar a más de 1000 acreedores de la empresa», según la acusación.

La maniobra » se instrumentó mediante la presentación de un APE con adhesiones de cientos de acreedores de la empresa, acompañando información incompleta que los representantes de Hope Funds S.A. brindaron al Juzgado en punto a la real composición del activo y pasivo y escritos en los cuales se postulaban medidas de prueba a sabiendas de su imposibilidad de reproducción» y para «deslegitimar a quienes se oponían al acuerdo», según agregó la fiscalía.

Todos serán juzgados por tentativa de «estafa procesal» y en el marco de esta causa es también querellante la AFIP.

El empresario está siendo juzgado acusado de una megaestafa cometida junto a otros 16 imputados por un monto calculado en 184 millones de pesos, contra unos 300 inversores.

Además se le imputa el «lavado de activos de origen delictivo, asociación ilícita y captación de ahorros del público no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública».

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