El proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría ya obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá ser tratado en el Senado. La iniciativa busca reducir el alcance de los subsidios al gas natural y concentrarlos únicamente en regiones de bajas temperaturas extremas y en hogares considerados vulnerables.
De aprobarse la reforma, más de 1,2 millones de usuarios perderían total o parcialmente el beneficio vigente, especialmente en provincias incorporadas al esquema ampliado de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis.
Qué cambia con la reforma
La propuesta oficial mantiene el subsidio pleno solamente para las zonas históricamente incluidas dentro del régimen: la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna.
En el resto de las áreas incorporadas hace cinco años, el beneficio continuará únicamente para hogares que cumplan determinados requisitos socioeconómicos establecidos por el Subsidio Energético Focalizado (SEF). Entre ellos:
- Ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales.
- Titulares del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP).
- Veteranos de Malvinas.
- Personas con Certificado Único de Discapacidad.
Quienes no encuadren en esos criterios dejarán de recibir descuentos y pasarán a pagar la tarifa plena del servicio.
El subsidio ya no cubriría toda la factura
Otro de los cambios centrales del proyecto es la modificación en el cálculo de la bonificación. Actualmente, el descuento se aplica sobre gran parte de la factura final y oscila entre el 30% y el 50%, según la región.
Con la nueva normativa, el subsidio solo alcanzaría al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduciría significativamente el impacto del beneficio sobre el monto final que pagan los usuarios.
Cuánto podrían aumentar las tarifas
Según estimaciones incluidas en un informe del IERAL, la reforma podría provocar subas importantes en las facturas residenciales, especialmente para quienes pierdan completamente el subsidio.
En Bahía Blanca, por ejemplo, un usuario residencial categoría R2-2 con consumo promedio mensual de 118 metros cúbicos pasaría de pagar $19.945 a $39.890 mensuales, lo que representa un incremento del 100%.
En cambio, los hogares vulnerables que continúen dentro del esquema SEF tendrían aumentos más moderados, cercanos al 22%.
Para ciudades de la zona fría histórica, como Neuquén, el aumento proyectado rondaría el 20%, debido a que el subsidio continuaría vigente, aunque aplicado sobre una base menor.
En la Ciudad de Buenos Aires, donde nunca rigió el régimen de Zona Fría, no habría modificaciones tarifarias.
Cómo quedarían divididos los usuarios
La nueva segmentación prevista por el proyecto establece cuatro grupos:
- Usuarios vulnerables de zonas ampliadas: mantendrán descuentos parciales.
- Usuarios de zonas ampliadas sin subsidio focalizado: sufrirán las mayores subas.
- Usuarios de zonas frías históricas: conservarán el beneficio, aunque reducido.
- Usuarios fuera del régimen: no tendrán cambios en sus facturas.
El argumento del Gobierno
El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para compensar los mayores costos de calefacción en regiones de bajas temperaturas. Sin embargo, la ampliación aprobada en 2021 —impulsada por Máximo Kirchner— llevó el número de beneficiarios de 950 mil a cerca de 4 millones de hogares.
Según el Gobierno nacional, esa expansión incorporó zonas que no reúnen condiciones climáticas extremas y convirtió al esquema en “fiscalmente insostenible”.
De acuerdo con datos oficiales, el sistema actual genera un déficit estimado en $485.000 millones y requiere asistencia permanente del Tesoro Nacional, pese al recargo del 7,5% aplicado sobre las tarifas de gas para financiar el fondo fiduciario.
La administración de Javier Milei calcula que la reforma permitiría un ahorro fiscal cercano a $272.099 millones.
Especialistas advierten, sin embargo, que la transición podría generar aumentos abruptos en los hogares de ingresos medios, por lo que recomiendan aplicar mecanismos de gradualidad para amortiguar el impacto tarifario.
