El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) denunciaron ayer ante la justicia «desproporción del uso de la fuerza» en el desalojo de las familias que se habían instalado en un predio desocupado de Guernica.
La Policía desalojó ayer, en cumplimiento de una orden judicial, el predio ocupado por familias que no habían aceptado el acuerdo para retirarse pacíficamente del lugar, en el marco de un operativo en el que fueron aprehendidas unas 35 personas.
«En atención de estar presente en estos momentos un grupo de integrantes de nuestras instituciones en el predio de la toma de Guernica, nos presentamos con el fin de denunciar la desproporción del uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales en el marco de la medida dispuesta en autos», afirmaron en el texto presentado ante la justicia con las firmas de Diego Morales y Paula Litvachky del Cels y por Ana Almada y Adolfo Pérez Esquivel, del Serpaj.
Por su parte, unas 600 familias firmaron el acuerdo con el Gobierno para desalojar pacíficamente el predio y a cambio recibieron materiales de construcción y dinero para pagar el alquiler de sus futuras viviendas, en tanto que otras fueron alojadas en «espacios transitorios» de Presidente Perón.
Además, ambas entidades denunciaron que la represión continuó después del desalojo: «La policía ha continuado su accionar represivo a más de 400 metros de distancia del predio», indicaron y adjuntaron documentación audio visual para evidenciar «la desproporción del uso de la fuerza».
