En la previa de la nueva marcha federal universitaria, el Gobierno nacional ratificó que mantendrá conversaciones con rectores de distintas casas de estudio una vez finalizada la movilización para debatir el esquema de financiamiento de los hospitales universitarios y avanzar en un sistema de distribución “con criterios objetivos”.
Durante un encuentro de prensa encabezado por funcionarios del Ministerio de Capital Humano, las autoridades defendieron su política de auditorías y transparencia sobre el sistema universitario, cuestionaron el funcionamiento actual del reparto de recursos y apuntaron contra lo que consideran una “politización” del conflicto.
La ministra Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, adelantaron que planean crear una comisión integrada por universidades que poseen hospitales escuela para discutir cómo se asignarán los fondos que hasta ahora —según sostienen— se distribuían de manera discrecional.
“Ese dinero se manejó históricamente de forma arbitraria, según el lobby político. Nosotros queremos establecer parámetros claros y consensuados”, afirmó Álvarez.
Según explicó el funcionario, el Ejecutivo mantendrá el envío de partidas presupuestarias previstas para el funcionamiento de los hospitales universitarios, aunque revisará los llamados “refuerzos extraordinarios”, que representan fondos adicionales distribuidos fuera de la planificación regular.
En abril, de acuerdo con datos oficiales, el Gobierno transfirió más de $150 millones para el sostenimiento de esos centros médicos, aunque no giró una partida complementaria de alrededor de $79 millones que anteriormente se otorgaba de forma excepcional.
Las autoridades señalaron que la convocatoria formal a los rectores se realizará inmediatamente después de la movilización universitaria prevista para este martes.
Reclamos por financiamiento y críticas a la marcha
En paralelo, el Gobierno volvió a cuestionar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso el año pasado y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.
Álvarez aseguró que la norma “no puede aplicarse” porque implicaría gastos que el Estado “no está en condiciones de afrontar” y sostuvo que presenta incompatibilidades con la Ley de Administración Financiera.
“La consigna de ‘cumplan la ley’ es impracticable porque el Presupuesto posterior dejó sin efecto esas asignaciones”, argumentó.
Además, el funcionario vinculó la movilización universitaria con sectores opositores y afirmó que “hay una intención política detrás de la marcha”.
Por su parte, Pettovello insistió en que el Gobierno “no está en contra de la universidad pública” y defendió la necesidad de avanzar hacia un sistema de información más transparente sobre el destino de los recursos.
“Queremos que cualquier ciudadano pueda saber cuánto se invierte por alumno y cómo se usan los fondos públicos”, sostuvo la ministra.
El debate por el gasto universitario
Durante la conferencia, el Ejecutivo difundió cifras sobre el sistema universitario nacional. Según los datos oficiales, actualmente existen cerca de 1,98 millones de estudiantes en universidades públicas de todo el país, aunque menos de la mitad mantiene condición de alumno regular.
El Gobierno también puso el foco en el costo por graduado de algunas instituciones y cuestionó que varias universidades todavía no hayan implementado aranceles para estudiantes extranjeros no residentes, pese a la habilitación prevista en un decreto nacional.
Álvarez afirmó que en algunas facultades, como Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, “cerca del 50% de la matrícula corresponde a estudiantes extranjeros”.
Mientras tanto, la marcha universitaria convocada para este martes volverá a reunir a docentes, estudiantes, sindicatos y autoridades académicas en reclamo de mayor financiamiento para el sistema público de educación superior.
