El magistrado federal dispuso la medida tras avanzar en la causa que investiga a los dirigentes por exigir dinero a beneficiaros de planes sociales. “Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, afirmó

Eduardo Belliboni (Franco Fafasuli)

El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni y otros referentes de la agrupación por el escándalo de corrupción que generó una serie de allanamiento el 11 de mayo pasado: están imputados por extorsionar a beneficiarios de planes sociales, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales. El magistrado resaltó cómo las personas vulnerables recibían esos planes a través de la intermediación de las organizaciones y cómo se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

“Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, afirmó Casanello y a eso le siguió la ”exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el juez resolvió citar a indagatoria a Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches para el día 11 de junio; Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper para el día 12 de junio; Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli para el día 13 de junio; Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez para el día 18 de junio y Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma para el día 19 de junio. La ronda termina con la citación a Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz para 25 de junio.

Los chats que expuso la maniobra

La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.

Para el fiscal Gerardo Pollicita, “al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social.

Tras los primeros allanamientos, el juez ordenó una serie de medidas que incluyó la inhibición de bienes de los implicados. La causa entró en secreto de sumario para concretar más diligencias. Y una decena de personas se acercó para pedir protección. Este lunes, a dos semanas de los allanamientos que expuso públicamente la causa, el juez resolvió llamar a los involucrados a indagatoria.

El juez Sebastián Casanello

“Todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarias del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local –”Potenciar Trabajo”- (Resolución 121/20 del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales, que actuaron como unidades de gestión. El rol de esas unidades era garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica. El directo del ingreso económico debía ser completado por el beneficio indirecto que ofrecía la unidad de gestión”, remarcó.