La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, sumó nuevas medidas en las últimas horas. La Justicia avanzó con un procedimiento en el Ministerio de Defensa para recolectar documentación vinculada a sus designaciones, historial salarial y evolución patrimonial desde su ingreso a la función pública.
La medida fue ordenada por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Guillermo Marijuán, en el marco de una causa que tramita en los tribunales de Comodoro Py. Según trascendió, efectivos policiales realizaron una orden de presentación en el organismo y retiraron copias del legajo personal de Adorni, junto con documentación sobre los distintos cargos que ocupó desde 2023 y los ingresos percibidos en cada función.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien cuestionó el crecimiento patrimonial del actual diputado bonaerense y dirigente de La Libertad Avanza.
De acuerdo con la presentación judicial, Francisco Adorni fue designado como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa poco después de la llegada de Javier Milei al Gobierno, en diciembre de 2023. Posteriormente, en junio de 2025, asumió al frente del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF).
Más tarde, logró acceder a una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde actualmente integra el bloque libertario.
La documentación secuestrada será analizada por la fiscalía para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y el incremento de sus bienes.
Entre las medidas impulsadas por Marijuán también figura el levantamiento del secreto fiscal y bancario, además de pedidos de informes a más de 30 organismos públicos y entidades financieras.
La fiscalía solicitó datos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), la AGIP y otros organismos para conocer declaraciones juradas, movimientos fiscales, bienes registrables, facturación, propiedades y posibles deudas tributarias.
Además, se requirió información a la Dirección Nacional de Migraciones para determinar cuántas veces salió del país Francisco Adorni, cuáles fueron sus destinos y quiénes lo acompañaron en esos viajes.
Según la denuncia presentada por Pagano, el patrimonio del funcionario habría registrado un incremento cercano al 84% en apenas un año, dato que ahora busca ser corroborado por la Justicia mediante el análisis de documentación bancaria, fiscal y patrimonial.
La causa contra Francisco Adorni se tramita de manera independiente a la investigación que también involucra a su hermano Manuel Adorni, quien enfrenta otra pesquisa judicial por presunto enriquecimiento ilícito en un expediente a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo.
