La medida de arresto domiciliario fue dispuesta hace más de una semana por el Tribunal de Revisión, pero aún no se ejecutó. La defensa advierte que la demora vulnera derechos básicos del detenido
La defensa de Konstantin Rudnev presentó un habeas corpus correctivo ante la demora en la implementación de su prisión domiciliaria. El planteo apunta a la situación del imputado, quien continúa alojado en la Unidad 6 de Rawson pese a que ya existe una resolución judicial firme que ordena el cambio de modalidad de detención.
El recurso fue presentado por el abogado Martín Sarubbi, quien sostiene que la demora constituye un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. El Tribunal de Revisión dispuso el arresto domiciliario el pasado 23 de abril y, desde entonces, transcurrió más de una semana sin que se ejecute la medida.
Según el escrito, la prisión domiciliaria debe cumplirse en un domicilio de la localidad bonaerense de San Vicente. La resolución judicial fija condiciones específicas: colocación de tobillera electrónica, intervención de garantes, prohibición de contacto con la presunta víctima y una caución económica como requisito adicional. Este último fue satisfecho el 29 de abril, cuando el monto exigido fue depositado. A pesar de ello, el traslado no se concretó.
Sarubbi relató que ofreció solventar el traslado por vía aérea para agilizar el proceso. La Unidad 6 de Rawson no presentó objeciones a esa modalidad y solo restaba coordinar la intervención de la Policía Federal Argentina, una gestión que tampoco avanzó. En paralelo, la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica confirmó que el dispositivo de control está listo para ser colocado y aguarda únicamente la fecha de traslado. Para la defensa, esto demuestra que no existen impedimentos técnicos.
El planteo también apunta a la inacción de las autoridades competentes. Según el escrito, ni el juez interviniente ni la oficina judicial dispusieron las medidas necesarias para concretar el traslado, omisión que la defensa considera jurídicamente relevante.
El recurso se fundamenta en la Ley 23.098, que regula el habeas corpus en Argentina, e invoca específicamente el inciso que contempla el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Esta acción no persigue la libertad del imputado sino la corrección de las condiciones en que se cumple su privación de libertad. La defensa cita doctrina y jurisprudencia para sostener que se trata de un remedio expedito que debe resolverse sin demoras para evitar perjuicios irreparables.
Entre los principios invocados figura la obligación de los jueces de intervenir de manera inmediata, incluso ante dudas de competencia, para garantizar la protección efectiva de la persona detenida, criterio reiterado tanto por la Corte Suprema como por organismos internacionales.
Como medidas de prueba, la defensa solicitó un reconocimiento judicial en la Unidad 6 para evaluar las condiciones actuales de detención y pidió ser citado como testigo en el proceso.
Finalmente, Sarubbi reclamó que se ordene de manera urgente el traslado de su defendido. El expediente queda ahora en manos del juez interviniente, quien deberá resolver en un plazo breve sobre la procedencia del habeas corpus.
