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martes, enero 25, 2022

La justicia pidió cuatro años de prisión para Julio De Vido y ocho para Ricardo Jaime por hechos de corrupción

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La fiscal Gabriela Baigún cerró hoy su alegato en el juicio por la compra de trenes chatarra a España y Portugal y pidió que a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, se lo condene a la pena de cuatro años de prisión. Lo consideró autor del delito de defraudación contra la administración pública.

Por ese caso de corrupción y por otros tres más por los que fue juzgado desde 2019 la fiscal pidió una pena de ocho años de prisión para Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo entre 2003 y 2009. La fiscal consideró que Jaime debe ser condenado a esa pena porque fue responsable en la investigación por su enriquecimiento ilícito y en otros dos casos de corrupción. En el caso de la compra de los trenes chatarra Jaime fue considerado, además, autor del delito de cohecho, es decir de cobrar coimas. Para la fiscal “Jaime cobró retornos” en los contratos firmados con España y Portugal.

Para eso tuvo como partícipe necesario a su ex asesor, testaferro y hacedor de negocios oscuros, Manuel Vázquez, para quien Baigún solicitó una pena de cinco años y ocho meses de prisión. El pedido de pena para Vázquez abarca también su condición de testaferro que intervino en el enriquecimiento ilícito de Jaime. La fiscal solicitó también que los jueces les dicten a De Vido, Jaime y Vázquez la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La fiscal pidió que Jaime se lo multe por la suma de $15.860.336 y a Vázquez por $10.986.664,23 como pena por el enriquecimiento ilícito.

La compra de trenes chatarra a España y Portugal se inició durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se intentó comprar material ferroviario en desuso en Europa para luego repararlo aquí y de ese modo revitalizar los talleres ferroviarios que estaban desactivados. Se gastaron 100 millones de euros y durante la investigación judicial se determinó que buena parte del material rodante no funcionó. “El 54% de las formaciones adquiridas no prestó ningún tipo de servicio al 2012 y el 25% del material restante se encontró operativo durante muy poco tiempo. En definitiva, el 79% del material rodante comprado por De Vido y Jaime no era utilizado de ningún modo por el sistema ferroviario nacional en el año 2015″, había dicho la fiscal en la parte inicial de su alegato. La denuncia realizada en 2013 se basó en un lapidario informe que sobre la compra hizo la Auditoría General de la Nación (AGN).

La fiscal hoy agregó que: “No puede perderse de vista que, el porcentaje de material que jamás se reparó y, por lo tanto, que nunca prestó funciones en Argentina es muy elevado. Ya sea que se tome el relevamiento de la AGN (44%) o el aquí propuesto (54%), el número es demasiado alto como para pasar desapercibido. No se trata de algún material aislado que no se pudo reparar por algún motivo concreto. Estamos diciendo que la mitad de todo lo que se compró, nunca se usó. Esta situación es demasiado ostensible y notoria, y jamás pudo haber pasado desapercibida”.

El Tribunal Oral Federal 6 abrió la audiencia de hoy a las 12.17. La fiscal, antes de llegar al pedido de pena, debía terminar su alegato que había comenzado dos audiencias atrás. Los jueces Julio Panelo, José María Martínez Sobrino, Fernando Canero y Ricardo Basílico, los defensores y los imputados escucharon cómo Baigún describió la autoría de los delitos por los que los acusó.

La fiscal marcó en el juicio algo que se sabía durante los años de gobierno kirchnerista. “He llegado a la conclusión de que entre De Vido y Jaime no existía ningún tipo de relación, incluso trabajando en oficinas situadas en el mismo inmueble. Ningún testigo que declaró en este juicio contestó afirmativamente al ser consultado sobre este extremo”. Se llevaban mal, muy mal, aunque ambos respondían al mismo jefe: Néstor Kirchner.

Luego la fiscal explicó qué era lo que se suponía que De Vido y Jaime tuvieron que hacer cuando se realizó la compra de trenes chatarra: “Tanto el ministro como el secretario de Transporte tenían un deber de garantía asignado por la propia ley para el transporte ferroviario, en el que diariamente viajan millones y millones de personas”.

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