Los indultos, una arriesgada apuesta de Sánchez para superar el conflicto con Cataluña

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La decisión del Gobierno español del presidente Pedro Sánchez de indultar a nueve dirigentes independentistas catalanes es una jugada política cargada de riesgos que debería relajar la tensión en Cataluña, aunque difícilmente ponga fin inmediato a un crisis muy enquistada, consideraron distintos analistas.

«Los indultos ayudan a destensar el clima entre el Gobierno catalán y el Gobierno central, permiten una mesa de negociación más fluida, pero difícilmente con eso vamos a poder llegar a un acuerdo entre las partes. Queda muy lejos aún», afirmó Lluis Orriols, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, a la agencia de noticias AFP.

Todavía no se han cumplido cuatro años del frenético otoño catalán de 2017, cuando a un referéndum ilegal de autodeterminación, reprimido por la policía, le siguieron unos días caóticos que acabaron con una fallida declaración unilateral de independencia, sus líderes camino de prisión y el presidente regional, Carles Puigdemont, huido a Bélgica.

Y las heridas aún son profundas.

Los indultos concedidos hoy «son un elemento más simbólico», valora Cristina Monge, politóloga de la Universidad de Zaragoza.

«Es una manera de sentarse en la mesa de diálogo con una prueba de buena voluntad, y además resituar el conflicto en el ámbito político», añade.

Uno de los grandes interrogantes es hasta dónde puede llegar la acción de esa mesa de diálogo entre Madrid y Barcelona, que apenas celebró una reunión antes de la pandemia, cuando todavía presidía el Gobierno regional el independentista radical Quim Torra, delfín de Puigdemont e inhabilitado después por desobediencia.

Las negociaciones deben retomarse próximamente tras la reunión prevista este mes entre Sánchez y el nuevo jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonés, del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), mucho más abierto al diálogo con Madrid que su predecesor.

Aunque, a pesar del perfil más moderado de Aragonés, no se espera que el independentismo renuncie a sus dos grandes reclamos: una amnistía para todos los condenados y perseguidos por la escalada de 2017, que supondría borrar sus delitos, y la celebración de un referéndum de autodeterminación, esta vez pactado con el Estado.

Ambas opciones son rechazadas de pleno por el Gobierno español, que estaría abierto a una votación en Cataluña sobre un eventual acuerdo de las partes, pero solo para decidir mayor autonomía de la región, que ya disfruta de amplias competencias en salud, educación y seguridad.

Tras casi una década de acelerada independentista, los indultos abren una nueva etapa en una sociedad cansada y más centrada ahora en recuperarse de la pandemia.

«En el momento que sacas a los presos de la ecuación obligas al independentismo a moverse», dijo el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Oriol Bartomeus, para quien la situación anterior era de «bloqueo completo» en Cataluña.

Pese a que los independentistas mantendrán sus aspiraciones y discurso, «por debajo vamos a ver un nuevo tiempo», agregó.

Efectivamente, Aragonés volvió a pedir amnistía y referéndum la semana pasada a las puertas de la ‘Casa de la República’ de Waterloo, el cuartel político de Puigdemont en Bélgica, con quien coincidió en que los indultos no son la solución al «conflicto político».

Pero tanto Aragonés como Oriol Junqueras -líder de ERC y condenado hasta ahora a 13 años de cárcel-, ya expresaron la renuncia a la vía unilateral de su partido, con un perfil más negociador y aliado de los socialistas de Sánchez en el Congreso español.

Más complicada es la situación de Puigdemont, cuya formación se resiste a bajar el tono. El expresidente regional no ha sido juzgado en España y solo podría regresar con garantías en caso de una amnistía, por ahora descartada.

Pese a ser eurodiputado, el Gobierno español reiteró recientemente su intención de detenerlo y que sea juzgado si decide volver de Bélgica.

«Estos indultos no afectan absolutamente para nada a Puigdemont, otra cosa es que pueda considerar discutible su propia posición teniendo en cuenta que los que se quedaron aquí estarán en libertad y, en cambio, los que se fueron al extranjero van a permanecer en una situación muy delicada», observó Jordi Nieva-Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona.

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