El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia envió al Parlamento una acusación por «genocidio» y otros delitos contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, por el asesinato de manifestantes opositores en 2019 tras la renuncia de Evo Morales.

«Se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio (…) con los fines de que pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Áñez», informó anoche el presidente del TSJ, Ricardo Torres.

La acusación había sido presentada el 20 de agosto por la Fiscalía General de Bolivia ante el máximo órgano judicial para su remisión al Legislativo. De acuerdo con Torres, esta es la cuarta proposición acusatoria enviada al parlamento contra Áñez, que está en prisión preventiva desde marzo.

Todo surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.

En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en ambos incidentes, que calificó de «masacres». «La policía y las fuerzas armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado,» dice el informe.

A su vez, hay otros dos juicios en curso contra la expresidenta, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y el otro por presunto incumplimiento de deberes de funcionaria pública.