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Un despliegue de seguridad sin precedentes dejó 17 detenidos y múltiples comercios clausurados en los barrios más vulnerables de la Ciudad. Desde la Iglesia salieron al cruce: advierten sobre el golpe a la economía popular y la sugestiva coincidencia del operativo a solo 48 horas de una misa contra la exclusión social.
La noche del jueves marcó un punto de inflexión en la relación entre el gobierno de Jorge Macri y los sectores sociales de la Iglesia Católica porteña. Bajo el nombre en código «Tormenta Negra», la Policía de la Ciudad desplegó de manera simultánea a 1.500 efectivos en quince asentamientos informales, un megaoperativo de saturación que no tardó en generar un fuerte repudio por parte del equipo de sacerdotes de villas y barrios populares.
Asentamiento Rodrigo Bueno
El saldo oficial de la intervención policial arrojó 17 personas detenidas, el secuestro de diversos vehículos, la clausura de locales y la confiscación masiva de mercadería. Desde la sede del Gobierno porteño, justificaron la espectacularidad del accionar argumentando la necesidad de «reforzar la seguridad y seguir trabajando en el ordenamiento del espacio público».
La redada abarcó los puntos más calientes del mapa porteño: las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima.
El «timing» político y el enojo del Arzobispado
Lo que en los despachos de seguridad porteños se leyó como un éxito operativo, en las parroquias villeras se interpretó como una provocación. La principal alarma en los sectores eclesiásticos no fue solo el procedimiento en sí, sino el momento elegido para ejecutarlo.
Villa 31
Apenas 48 horas antes del despliegue de «Tormenta Negra», la Iglesia había realizado una multitudinaria misa en la Plaza Constitución. La ceremonia, encabezada por el obispo auxiliar Pedro Cannavó —en representación directa del arzobispo porteño Jorge Ignacio García Cuerva—, había tenido un mensaje central ineludible: la denuncia frontal contra la trata de personas y la exclusión social, coronada con un fuerte llamado a defender el «trabajo digno».
Para los curas villeros, las imágenes de la policía secuestrando mercadería y clausurando precarios locales comerciales en los barrios golpean directamente a la línea de flotación de la economía popular, cortando la única fuente de ingresos de familias enteras que subsisten en la informalidad.
«Nuestros vecinos quieren respetar la ley y están de acuerdo con el orden. Pero el Estado debe hacerse cargo de la realidad que vivimos históricamente», disparó el equipo de sacerdotes a través de un duro documento público.
La deuda estructural: «No hay ley de integración»
Lejos de quedarse solo en la crítica al operativo policial, el pronunciamiento de la Iglesia aprovechó para poner sobre la mesa las deudas históricas del Estado porteño con el sur de la Ciudad y los barrios populares.
Los religiosos recordaron que gran parte de los asentamientos allanados ni siquiera cuentan con una ley de integración sociourbana. «Esto hace que haya peculiaridades a tener en cuenta: el uso del espacio público, la economía popular e informal, el endeudamiento familiar, la precarización laboral, la falta de empleo y de espacio en las viviendas precarias», detallaron.
En el tramo final de su reclamo, los sacerdotes exigieron un cambio de estrategia por parte de la administración macrista. Pidieron que las políticas de seguridad y ordenamiento urbano no se ejecuten de espaldas a la realidad barrial y reclamaron habilitar canales de diálogo a través de las instituciones que ya sostienen la paz social en el territorio: escuelas, comedores, centros de salud y capillas.
«En muchos de nuestros barrios hay deudas de obras públicas, de construcción de viviendas, de mejoras de tendido eléctrico, de cloacas y pluviales» sentenciaron los curas, dejando en claro que el orden, en los barrios populares, empieza por la infraestructura básica y no solo por la presencia policial.
