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La diputada Ana Luz Balor (Unión por la Patria) presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que prohíbe el hostigamiento y el trato indigno en los reclamos extrajudiciales de deuda. La iniciativa establece sanciones para estudios de cobranza, entidades financieras y proveedores que acosen, amenacen o expongan públicamente a consumidores morosos.
El proyecto responde al vacío normativo generado tras la derogación de la Resolución 1033/2021 de la ex Secretaría de Comercio Interior. Esa norma había establecido pautas claras para la actividad de los estudios de cobranza. Al quedar sin efecto, las prácticas abusivas se multiplicaron.
«La protección de la dignidad no se suspende cuando alguien se atrasa con un pago», sostuvo Balor en diálogo con este medio. «Es justo en ese momento donde más fuerte debe hacerse presente el brazo del Estado para equilibrar una balanza que el mercado siempre inclina contra el más vulnerable.»
Hostigamiento: las prácticas que quedan prohibidas
La diputada Ana Luz Balor impulsa una ley que prohíbe expresamente a proveedores, agencias de cobranza y terceros autorizados desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.
El texto del proyecto incluye una lista detallada de prácticas prohibidas:
- Presiones y acoso telefónico reiterado
- Amenazas de cualquier tipo
- Manipulación que afecte la reputación del deudor
- Violación de la privacidad del hogar
- Intromisión en las actividades laborales
- Exposición pública del deudor como moroso
Las agencias de cobranza suelen utilizar estas tácticas para intimidar a los deudores. Llaman a cualquier hora, contactan a familiares y empleadores, y amenazan con acciones legales que muchas veces no existen. El proyecto de Balor busca ponerle un freno.
El derecho a ser atendido por una persona humana
Uno de los puntos más innovadores del proyecto es la garantía del consumidor a ser atendido por una persona humana. La diputada Ana Luz Balor impulsa una ley que prohíte el uso de inteligencia artificial, chatbots o contestadores automáticos como medio exclusivo de atención.
La medida responde a una queja recurrente de los consumidores. Cuando intentan resolver un problema con una empresa o un estudio de cobranza, se encuentran con sistemas automáticos que no entienden su situación. No hay a quién reclamar. No hay a quién explicarle el problema.
El proyecto establece que los proveedores deberán disponer de:
- Un servicio telefónico gratuito
- Una casilla de correo electrónico
- Un horario mínimo de atención de 60 horas semanales
Protección especial para salarios y jubilaciones
La diputada Ana Luz Balor impulsa una ley que también prohíbe la afectación unilateral de cuentas bancarias por parte de entidades financieras. La norma establece una protección especial para las cuentas donde se acrediten:
- Haberes
- Salarios
- Jubilaciones
- Asignaciones familiares
Estas cuentas conservan su inembargabilidad. Ninguna entidad financiera podrá disponer fondos de esas cuentas sin una orden judicial expresa. La medida protege a los sectores más vulnerables: trabajadores, jubilados y familias que reciben asignaciones.
El proyecto también regula el derecho del consumidor a obtener un certificado de libre deuda en 24 horas cuando la deuda reclamada sea inexistente o esté prescripta. Hoy, muchas personas no pueden probar que no deben dinero porque los estudios de cobranza no emiten los certificados.
El contexto: deudas, crisis y sectores vulnerables
El proyecto de Balor llega en un contexto de crisis económica. Las entidades financieras y las agencias de cobranzas, aprovechando desregulaciones o zonas grises de la legislación nacional, cometen prácticas abusivas contra los consumidores.
Los sectores más afectados son:
- Personas adultas mayores
- Personas con poca o ninguna educación financiera
- Personas en situación de desesperación por crisis económicas
Estos grupos son empujados a refinanciar sucesivamente sus deudas. Generan una espiral de endeudamiento insostenible. La diputada Ana Luz Balor impulsa una ley para evitar que a esa situación abusiva se sume el hostigamiento y la exposición pública.
Sanciones y autoridad de aplicación
La iniciativa designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología a través de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores.
El incumplimiento de la ley será sancionado conforme a la Ley Provincial N° 13.133, el Código Provincial de Implementación de los Derechos de Consumidores y Usuarios. Las sanciones pueden incluir multas económicas y la clausura de los estudios de cobranza reincidentes.
El proyecto complementario sobre sobreendeudamiento
La diputada Ana Luz Balor impulsa una ley contra el hostigamiento, pero también presentó otra iniciativa complementaria. Se trata de un proyecto que modifica el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores (Ley N° 13.133) para incorporar la figura del «sobreendeudamiento».
Esta problemática afecta a cerca del 90 por ciento de las familias argentinas, según estudios recientes. El proyecto define al sobreendeudamiento como «la imposibilidad de afrontar con el producto de los ingresos regulares el cumplimiento de obligaciones exigibles, cuando esta circunstancia comprometa el acceso a bienes esenciales y afecte la economía familiar y la salud psicofísica».
Ambas normas se complementan para abordar integralmente la problemática del consumo en un contexto de crisis económica.
Qué viene ahora
La diputada Ana Luz Balor impulsa una ley que espera un pronto tratamiento en comisiones de la Legislatura bonaerense. El proyecto ya ingresó formalmente. Resta la asignación a comisiones y el debate legislativo.
La oposición aún no se pronunció oficialmente. Las agencias de cobranza, por su parte, anticipan que analizarán el proyecto con atención. Fuentes del sector señalaron a este medio que «la mayoría de las empresas ya cumplen con prácticas respetuosas».
Si se aprueba, la Provincia de Buenos Aires tendrá una de las leyes más avanzadas del país contra el hostigamiento a deudores morosos. La normativa nacional actual es la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, pero no tiene disposiciones específicas sobre cobro extrajudicial de deudas.
La diputada Ana Luz Balor impulsa una ley contra el hostigamiento a deudores morosos en Provincia de Buenos Aires. Prohíbe chatbots exclusivos, amenazas, acoso y la afectación unilateral de cuentas bancarias. El proyecto espera tratamiento en comisiones
