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El conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un sector del Poder Judicial porteño ha sumado hoy un nuevo, tenso y explosivo capítulo que amenaza con reconfigurar el escenario político del distrito. La magistrada que recientemente emitió un polémico fallo bloqueando la aplicación de artículos clave de la nueva Ley Penal Juvenil en la Ciudad, rompió el silencio y apuntó en términos de extrema dureza contra el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. La respuesta de la jueza llega horas después de que el mandatario confirmara públicamente su decisión de impulsar un jurado de enjuiciamiento (conocido como jury) para lograr su destitución definitiva del cargo.
La controversia, que tiene en vilo tanto a la dirigencia política como a los pasillos de tribunales, estalló semanas atrás luego de que la magistrada hiciera lugar a una acción de amparo presentada por organismos de derechos humanos y defensorías oficiales. Dicha medida cautelar frenaba de manera directa la implementación de los ejes más restrictivos del nuevo régimen penal para menores, una de las grandes apuestas en materia de seguridad y política criminal de la actual administración de la Ciudad.
Frente a esta resolución judicial que paralizó la agenda oficial, desde la sede gubernamental del barrio de Parque Patricios (Uspallata) no tardaron en reaccionar. Altos funcionarios del gabinete de Jorge Macri acusaron a la magistrada de actuar motivada por un sesgo ideológico «garantista» que, según la visión del oficialismo, termina favoreciendo a los delincuentes juveniles y desprotegiendo a las víctimas. El punto culminante de esta confrontación fue el anuncio formal de la presentación de un pedido de juicio político por «mal desempeño de sus funciones», una herramienta constitucional extrema que busca remover a los jueces de sus sillones.
La defensa de la magistrada: «Es un ataque directo a la independencia»
La magistrada acusó al Jefe de Gobierno porteño de vulnerar la independencia del Poder Judicial tras el pedido de destitución.
Lejos de retroceder frente a la embestida del Poder Ejecutivo, la jueza decidió redoblar la apuesta y hacer pública su postura, exponiendo lo que considera un avasallamiento de las instituciones democráticas. En sus primeras declaraciones formales tras el anuncio del oficialismo porteño, la magistrada defendió con vehemencia la solidez técnica y jurídica de su fallo, argumentando que su decisión no responde a ninguna militancia partidaria, sino al estricto cumplimiento de la pirámide jurídica argentina.
Según detalló en su argumentación, el freno a la Ley Penal Juvenil se basó estrictamente en los preceptos de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que protegen los Derechos del Niño, los cuales gozan de jerarquía constitucional desde la reforma del año 1994 (artículo 75, inciso 22). Entre ellos, destacó la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, normativas que prohíben expresamente el trato punitivo de adultos hacia menores de edad y que establecen que la privación de la libertad de un adolescente debe ser siempre una medida de último recurso y por el menor tiempo posible.
Asimismo, cuestionó en términos categóricos la maniobra política y mediática encabezada por Jorge Macri. La magistrada advirtió que la promoción de un juicio político por el simple hecho de discrepar con el contenido y los fundamentos de una sentencia representa una intromisión indebida, una violación a la división de poderes y una coacción directa hacia el Poder Judicial. Según su visión, el accionar del Ejecutivo no busca mejorar el servicio de justicia, sino «disciplinar» a los jueces y enviar un mensaje mafioso y de castigo ejemplificador a cualquier magistrado que decida no fallar en absoluta sintonía con las urgencias políticas, los discursos de mano dura y los intereses electorales del gobierno de turno.
La postura de Jorge Macri: Terminar con la puerta giratoria
Del otro lado del ring institucional, la administración de Jorge Macri sostiene una narrativa diametralmente opuesta. Para el Jefe de Gobierno y su ministro de Seguridad, el fallo de la jueza es un claro ejemplo de la desconexión que existe entre un sector de la Justicia y la realidad que sufren los vecinos de los diferentes barrios porteños todos los días.
El oficialismo argumenta que la nueva Ley Penal Juvenil fue debatida y aprobada por los representantes del pueblo en la Legislatura porteña con el objetivo de dotar a las fuerzas de seguridad y a los fiscales de herramientas más modernas y firmes para combatir el delito. En la visión del Ejecutivo, el accionar de menores en bandas organizadas ha cambiado drásticamente en los últimos años, con niveles de violencia inusitados y el uso de armas de fuego de grueso calibre.
