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Tras la polémica con editoriales y librerías, Javier Milei ratificó que la iniciativa para eliminar el precio fijo de los libros quedó fuera de la agenda legislativa. Patricia Bullrich había anticipado que el oficialismo priorizará otras reformas consideradas “más estructurales”.
El Gobierno nacional confirmó este miércoles que el proyecto para derogar la llamada Ley del Libro no será tratado en el Congreso. La decisión fue ratificada por el presidente Javier Milei, quien señaló que la iniciativa “no entró ni va a entrar” al Parlamento.
La definición llega después de varias semanas de debate y del fuerte rechazo expresado por buena parte del sector editorial y librero, que cuestionó los posibles efectos de eliminar el régimen de precio fijo de los libros.
La senadora Patricia Bullrich ya había adelantado que el oficialismo concentrará sus esfuerzos en otras medidas que considera de mayor impacto estructural. En ese marco, sostuvo que las modificaciones vinculadas con farmacias y librerías no forman parte de las prioridades actuales.
Qué proponía la reforma
El anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, contemplaba eliminar la Ley 25.542, que establece el régimen de precio uniforme para los libros.
Actualmente, las editoriales fijan un precio de venta para cada ejemplar y ese valor debe ser respetado por los distintos puntos de comercialización. El objetivo de la reforma era permitir que las librerías compitieran mediante descuentos, promociones y otras estrategias comerciales.
Desde el Gobierno defendieron la iniciativa con el argumento de que una mayor competencia podría traducirse en precios más bajos para los lectores. También sostuvieron que la eliminación del precio fijo no implicaría terminar con las editoriales, las librerías ni las políticas culturales vinculadas con el sector.
El rechazo de libreros y editores
La propuesta generó una fuerte reacción entre librerías independientes, editoriales y distintas organizaciones vinculadas al mundo del libro.
Uno de los principales argumentos en contra de la desregulación es que las grandes cadenas, supermercados y plataformas digitales podrían ofrecer fuertes descuentos sobre los títulos de mayor circulación para atraer compradores. Según los críticos de la reforma, esa estrategia podría perjudicar a las pequeñas librerías, que no cuentan con el mismo margen financiero para competir.
El sector también advierte que, a largo plazo, la concentración de las ventas podría reducir la cantidad de librerías independientes y afectar la diversidad de títulos disponibles para los lectores.
Durante los últimos días, representantes de librerías independientes llevaron sus argumentos al Congreso. Allí plantearon que cualquier modificación debería contemplar no solamente el precio final del libro, sino también el impacto sobre la diversidad editorial y la supervivencia de los comercios especializados.
Una discusión que queda abierta
La defensa del precio fijo tampoco es completamente uniforme dentro de la industria. Algunos editores y libreros reconocen que la normativa quedó desactualizada frente a los cambios tecnológicos, la expansión del comercio electrónico y la aparición de nuevos formatos de lectura.
Por eso, una de las alternativas que surgieron durante el debate fue actualizar el régimen vigente en lugar de eliminarlo por completo.
Desde la Fundación El Libro también señalaron que las librerías cumplen una función que excede la comercialización de ejemplares y que, en muchas ciudades, funcionan como espacios culturales y de promoción de la lectura.
La discusión se produjo además después de una nueva edición de la Feria de Editores, que reunió a cerca de 40.000 visitantes en cuatro días y volvió a poner de manifiesto la amplitud del ecosistema editorial argentino.
Por ahora, la Ley del Libro queda como está
Con la decisión comunicada por el Presidente, el proyecto de derogación queda fuera de la agenda legislativa inmediata. El Gobierno, de todos modos, no cerró la discusión sobre una eventual modernización de la normativa.
La diferencia central es que, por ahora, no habrá una eliminación del régimen de precio fijo. Para las librerías y editoriales que se opusieron a la iniciativa, la decisión representa un alivio frente al temor de una mayor concentración del mercado.
El debate, sin embargo, dejó planteada una cuestión que seguirá vigente: cómo adaptar las reglas de comercialización de libros a los cambios tecnológicos y a los nuevos hábitos de consumo sin poner en riesgo la diversidad de la oferta editorial.
