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Ante los 21 jueces en Alemania, la delegación nacional sostuvo que los isleños no pueden apropiarse unilateralmente de los recursos de la plataforma continental en disputa. La fiscal general británica afirmó que suspender el proyecto Sea Lion tendría consecuencias devastadoras. En el Gobierno hay entusiasmo tras las primeras exposiciones y esperan una resolución sobre las medidas cautelares para este viernes.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, abrió este martes las audiencias orales tras el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para paralizar de forma inmediata el megaproyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. El embajador Mario Oyarzábal, agente de la delegación argentina, encabezó la exposición inicial recordando que la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (Convemar) y las resoluciones de la Asamblea General 2065 y 31/49 prohíben expresamente la adopción de decisiones unilaterales de modificación en áreas con litigio de soberanía pendiente.
La estrategia jurídica nacional, respaldada con entusiasmo por el presidente Javier Milei dentro del gabinete, apuntó a la irreversibilidad del daño. Oyarzábal remarcó que los hidrocarburos son recursos no renovables que una vez extraídos no se pueden restituir y alertó sobre los severos riesgos ecológicos: estudios de licenciatarias estiman en un 30% la probabilidad de que un reventón o derrame alcance aguas continentales no disputadas en 30 días, dejando el costo operativo y ambiental a cargo del Estado argentino y no de una potencia situada a 12.700 kilómetros. Asimismo, denunció que las regalías petroleras buscan financiar el costo del mantenimiento de la base militar británica en el archipiélago.
Por su parte, la delegación del Reino Unido, liderada por la fiscal general Ellie Reeves, rechazó la competencia del tribunal y alegó que una medida cautelar vulneraría el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, a la vez que arruinaría el proyecto de inversión. Los representantes ingleses, acompañados por Sir Michael Wood, argumentaron que no existe una urgencia que justifique la intervención del TIDM, debido a que las perforaciones de la plataforma Noble Endeavour no comenzarán antes de marzo de 2027 y la extracción se prevé para 2028, plazo suficiente para la conformación del tribunal arbitral del Anexo VII. La sentencia sobre la cautelar se conocería entre el 13 y el 20 de noviembre.
