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La instrucción judicial que se desarrolla en los tribunales federales de San Carlos de Bariloche contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev por presunta trata de personas sumó un nuevo y contundente capítulo que deja expuestas las profundas grietas del proceso. El doctor René Herrera, uno de los dos abogados que integran la representación legal de Elena Makarova —la mujer a la que el aparato estatal señala como supuesta víctima de la causa—, salió a cuestionar con extrema dureza el desempeño del Ministerio Público Fiscal. El letrado exigió que la Justicia Federal escuche de una vez por todas a su defendida, quien desde el inicio del expediente sostiene de manera categórica que jamás fue víctima de ningún delito en suelo argentino.
Durante una entrevista en el programa «Tiempo de Policiales», emitido por la señal ATP Streaming, el abogado describió el laberinto burocrático y procesal que enfrenta la ciudadana rusa desde hace dieciocho meses. Según detalló Herrera, Makarova lleva cerca de un año y medio intentando que los tribunales patagónicos valoren su versión real de los hechos. Su único objetivo jurídico y personal es lograr desvincularse definitivamente de un proceso penal en el que fue incluida contra su voluntad, para poder rehacer su vida en paz junto a su pequeño hijo en Rusia. “Elena ya hace un año y medio que está intentando decirle a la Justicia argentina que claramente no es víctima”, sentenció el profesional para graficar el nivel de desoimiento institucional.
Elena Makarova y su hijo
En el plano estrictamente técnico, el representante legal admitió que la legislación vigente en la Argentina faculta a los fiscales a investigar un posible delito de trata de personas aun cuando el sujeto involucrado no se reconozca a sí mismo como damnificado. Sin embargo, advirtió con firmeza que esta potestad investigativa de ninguna manera habilita al Estado a desatender las declaraciones de la mujer ni a pisotear sus garantías constitucionales elementales. “Hay ciertos elementos que deben ser valorados por la Justicia argentina”, objetó el abogado, apuntando contra la rigidez del Ministerio Público Fiscal, que insiste en sostener su hipótesis acusatoria original sin prestar la más mínima atención a los reiterados planteos de Makarova.
Para el doctor Herrera, la conducta desplegada por los investigadores federales encierra una contradicción institucional de extrema gravedad: mientras en los papeles afirman que su deber es proteger e tutelar a Makarova, en la práctica concreta la silencian. “Parece que la Fiscalía persigue a un imputado y a la vez persiguió o por lo menos no la escucha a Elena como víctima”, disparó el letrado. En esa misma línea, cuestionó la reciente resolución judicial que rechazó tomarle una nueva declaración mediante la herramienta del anticipo jurisdiccional de prueba. No obstante, aclaró que el bloqueo de esa vía excepcional no implica una prohibición general para que vuelva a declarar, e insistió en que su clienta reclama participar activamente de las audiencias mediante videoconferencia desde Rusia, asistida por una intérprete oficial de su estricta confianza para sortear las barreras idiomáticas y geográficas.
El abogado dejó en claro que su estrategia no busca definir de antemano la inocencia o culpabilidad de Rudnev, sino garantizar que la presunta damnificada pueda declarar sin condicionamientos. “Si hay dudas sobre lo que pasó, la respuesta no es callar a la víctima, sino lo contrario: escucharla, analizarla con el resto de las pruebas periféricas”, argumentó Herrera, quien no dudó en calificar la postura de los acusadores públicos como irracional. “Desde ahora ya se ve claramente que, por lo menos, los representantes del Ministerio Público Fiscal están empecinados con esta cuestión. Para mí, personalmente y profesionalmente, están cegados totalmente en su acusación”, afirmó de manera tajante, agregando: “Me parece perfecto, cada uno hace su trabajo, pero también escúchenla. Eso es lo que pedimos”.
Uno de los puntos de mayor gravedad institucional revelados por el letrado radica en las anomalías registradas durante la permanencia de Makarova en los dispositivos estatales de asistencia en Argentina, inmediatamente después de haber dado a luz. Herrera denunció que a la mujer le aplicaron severas restricciones ambulatorias y comunicacionales bajo la excusa del resguardo. “Estaba en posparto, le exigen que declare algo, la presionan, la incomunican, le sacan el teléfono”, enumeró el abogado para explicar la profunda desconfianza que la joven siente hacia los operadores judiciales argentinos, quienes tampoco le habrían garantizado una intérprete confiable en aquel momento crítico.
A raíz de este cúmulo de atropellos y vulneraciones, Herrera confirmó una noticia de alto impacto político y judicial: su equipo jurídico ya evalúa iniciar una demanda formal contra el Estado argentino por el trato dispensado a la ciudadana extranjera. “Ya en varias ocasiones tuvimos reuniones para evaluar esta petición de ella. Lo ha pedido en varias oportunidades”, reveló el letrado, aunque aclaró que manejan los tiempos con suma cautela estratégica. “Tenemos que ser muy certeros, muy hábiles con esta cuestión para no generar quizás un entorpecimiento incluso en perjuicio de ella”, explicó. Con abundante material probatorio aún pendiente de análisis, la representación legal aguarda novedades clave para la segunda quincena de noviembre, ratificando que acompañarán a Makarova hasta las últimas consecuencias para restituir sus derechos vulnerados en los tribunales de Bariloche.
