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La defensa de Cristina Fernández de Kirchner apeló las restricciones impuestas en su prisión domiciliaria y consiguió que la Cámara Federal de Casación Penal revise las condiciones bajo las cuales cumple la condena de seis años de prisión dictada en la causa Vialidad.
El recurso apunta contra una resolución del Tribunal Oral Federal N.º 2, que el pasado 5 de junio rechazó el pedido para retirar la tobillera electrónica, flexibilizar el régimen de visitas y eliminar las limitaciones para acceder a la terraza del edificio donde reside la ex presidenta, en el barrio porteño de Constitución.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy sostuvieron que la decisión judicial incurre en arbitrariedad y cuestionaron especialmente los fundamentos utilizados para mantener las restricciones.
Respecto de las visitas, la defensa argumentó que el principal motivo invocado por el tribunal fue preservar la tranquilidad de los vecinos y la convivencia en el edificio. Sin embargo, señalaron que no existen reclamos concretos ni quejas formales por parte de los residentes que justifiquen la continuidad de esas limitaciones.
“Carece de sustento empírico”, afirmaron los letrados al referirse al argumento utilizado por la Justicia para restringir el ingreso de visitantes.
También cuestionaron el límite impuesto para el uso de la terraza, actualmente habilitada durante dos horas diarias, al considerar que la resolución no explica de qué manera una ampliación de ese permiso podría afectar la convivencia o la seguridad del lugar.
Otro de los ejes de la apelación es la utilización de la tobillera electrónica. La defensa sostuvo que se trata de una medida excepcional dentro del régimen de prisión domiciliaria y afirmó que no existe riesgo de fuga que justifique mantener el dispositivo de control.
En ese sentido, citaron un relevamiento realizado por el Consejo de la Magistratura que, según señalaron, demuestra que el uso de tobilleras electrónicas no constituye la regla general para las personas que cumplen condenas bajo esta modalidad.
Además, los abogados destacaron la “conducta irreprochable” que, según sostienen, mantuvo la ex mandataria durante el primer año de detención. También señalaron una supuesta contradicción en el criterio aplicado por el tribunal: mientras una reunión con economistas realizada en noviembre pasado derivó en un endurecimiento del régimen de visitas, el cumplimiento posterior de todas las reglas de conducta no produjo ninguna flexibilización de las condiciones impuestas.
La apelación también cuestiona que no se haya aplicado el principio de progresividad previsto en la Ley de Ejecución Penal, que contempla una flexibilización gradual de las condiciones de cumplimiento de la pena en función del comportamiento del condenado.
Sin embargo, el juez de ejecución Rodrigo Giménez Uriburu rechazó esos planteos al considerar que el cumplimiento de las reglas impuestas no implica automáticamente que las restricciones hayan perdido su fundamento.
Asimismo, sostuvo que el régimen progresivo está diseñado para personas alojadas en establecimientos penitenciarios y no para quienes cumplen condenas bajo prisión domiciliaria, una modalidad que posee mecanismos específicos de supervisión y control.
Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la encargada de resolver si mantiene las condiciones actuales de detención o si hace lugar a alguno de los planteos formulados por la defensa de Cristina Kirchner.
