5 min de lectura
Los abogados de la expresidenta presentaron una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tras agotar las instancias judiciales en Argentina. Solicitaron una medida cautelar para suspender la inhabilitación perpetua mientras se analiza el caso, aunque una eventual resolución favorable no implicaría la anulación automática de la condena.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner inició este miércoles una nueva etapa en su estrategia judicial al presentar un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en la Ciudad de Buenos Aires por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes explicaron los alcances de la presentación internacional luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El pedido ante Naciones Unidas
La presentación fue realizada mediante una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Como parte del planteo, la defensa solicitó una medida cautelar para suspender la inhabilitación perpetua que impide a Cristina Kirchner postularse a cargos electivos mientras el organismo analiza el fondo del caso.
«Esperamos que la revisión de la sentencia sea total», afirmó el abogado brasileño Rafael Valim, quien precisó que el objetivo es dejar sin efecto la inhabilitación hasta que exista una resolución definitiva.
El exjuez español Javier Borrego sostuvo que una decisión sobre esa medida cautelar podría conocerse durante los próximos meses, aunque aclaró que los tiempos dependerán del organismo internacional.
Qué cuestiona la defensa
Los abogados sostienen que durante la investigación y el juicio se vulneraron garantías fundamentales, entre ellas el derecho al debido proceso, la imparcialidad del tribunal y el derecho a una defensa adecuada.
Según explicaron, el reclamo no busca una nueva apelación sobre el contenido de la sentencia, sino que el Comité determine si el proceso judicial respetó los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Entre los principales cuestionamientos figuran el alcance de las pericias realizadas durante el juicio, la actuación de los peritos oficiales, la interpretación de la prueba, la figura de asociación ilícita aplicada en la causa y la supuesta vulneración del principio de cosa juzgada.
Qué puede resolver la ONU
El Comité de Derechos Humanos está integrado por 18 expertos independientes con sede en Ginebra. Sus decisiones no tienen carácter vinculante para los Estados y, en consecuencia, una eventual resolución favorable no suspenderá automáticamente la condena ni dejará sin efecto la inhabilitación.
No obstante, los abogados de la expresidenta consideran que un pronunciamiento favorable podría servir como fundamento para solicitar la revisión de la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, en base al artículo 366, inciso F, del Código Procesal Penal Federal.
Ese mecanismo permitiría pedir la reapertura del caso, aunque la eventual revisión dependerá de una decisión de la Justicia argentina.
Por qué recurrieron al Comité de Derechos Humanos
La defensa explicó que optó por acudir al sistema de Naciones Unidas luego de agotar todos los recursos disponibles en el ámbito local.
También señalaron que descartaron presentar el caso simultáneamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que las normas internacionales impiden que un mismo reclamo sea tratado al mismo tiempo por distintos organismos de protección de derechos humanos.
Los antecedentes y la estrategia internacional
La incorporación del jurista brasileño Rafael Valim y del español Javier Borrego forma parte de la estrategia internacional diseñada por la defensa.
Valim participó en la presentación realizada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ante el mismo Comité durante el proceso derivado de la operación Lava Jato, mientras que Borrego integró el Tribunal Supremo de España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los abogados sostienen que ese antecedente constituye un marco de referencia para el planteo que ahora impulsa Cristina Kirchner.
La carta publicada en medios europeos
En paralelo con la presentación judicial, la expresidenta difundió una columna publicada en los diarios El País de España y Libération de Francia, donde volvió a cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad.
En el texto afirmó que el proceso estuvo marcado por «arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal» y calificó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como una forma de proscripción política.
Además, sostuvo que el objetivo de la presentación internacional es someter el proceso judicial al análisis de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y reclamó «un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el Estado argentino».
