4 min de lectura
La Justicia Federal recibió una denuncia penal para investigar un presunto esquema de irregularidades vinculado a la implementación del plan de retiros voluntarios en el Ministerio de Justicia durante los años 2024 y 2025. La presentación advierte, además, sobre la posibilidad de que el mismo mecanismo administrativo haya sido trasladado posteriormente al Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
La denuncia fue formulada por el periodista e investigador Fernando Miguez, en su carácter de presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien solicitó ante el fuero correspondiente ser aceptado como parte querellante en las actuaciones.
El escrito apunta contra María Florencia Zicavo, exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI; Juan Cruz Montero, exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del PAMI; el abogado Danilo Sergio Montevidoni; Emilio Zicavo; y demás personas que pudieran resultar identificadas en el curso de la instrucción.
Entre la nómina de posibles delitos objeto de investigación, el denunciante encuadró las conductas en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito e inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales.
La presentación aclara expresamente que los hechos expuestos constituyen hipótesis para ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal y el juzgado interviniente, sin implicar afirmaciones categóricas de culpabilidad.
El eje central de la presentación judicial hace foco en la operatoria utilizada para desvincular al personal contratado a través del ente cooperador ACARA. De acuerdo con el texto de la acusación, si bien la reglamentación publicada disponía que las extinciones de la relación laboral debían efectivizarse mediante escritura pública ante escribano, en la práctica se habrían llevado a cabo homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
Esta modalidad, según sostiene el escrito, habría generado la facturación y percepción de honorarios profesionales no contemplados en la resolución oficial. Asimismo, a partir de testimonios incorporados a la denuncia, se señala que una importante cantidad de trabajadores habría sido representada por un mismo letrado patrocinante al cual no habrían seleccionado de manera libre y directa.
El documento expone además presuntos vínculos societarios y relaciones profesionales cruzadas entre algunos de los imputados. A su vez, cuestiona la falta de respuesta oficial frente a reiterados pedidos de acceso a la información pública sobre el detalle y los montos del plan de desvinculaciones, al tiempo que menciona la existencia de una sentencia judicial previa que ordenó al Ministerio la entrega de dicha documentación.
Por otra parte, el denunciante requirió que se analicen supuestas inconsistencias patrimoniales y el uso no justificado de un vehículo registrado a nombre de una firma contratista del Estado Nacional.
Un punto clave del escrito es el pedido para determinar si la migración de exfuncionarios del Ministerio de Justicia hacia la conducción del PAMI conllevó el posterior traslado o réplica de este modelo de gestión administrativa y desvinculación de personal dentro del organismo de salud pública.
Ante la Agencia Noticias Argentinas, fuentes libertarias desmienten de manera rotunda la denuncia y afirmaron que todo proceso de retiro voluntario se llevó a cabo sin inconvenientes.
Como parte del impulso procesal, la denuncia requiere una amplia batería de medidas probatorias que incluyen requerimientos de documentación a ministerios y organismos descentralizados, citaciones a declaración testimonial y la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), junto con la revisión de registros societarios y patrimoniales.
La presentación se da en el marco de un contexto más amplio de denuncias sobre la implementación del plan de retiros voluntarios en el Ministerio de Justicia. En octubre de 2025, trabajadores del Ministerio de Justicia ya habían denunciado «amenazas» y «hostigamiento» para aceptar los retiros voluntarios, advirtiendo que la medida podría dejar a 2.600 trabajadores en la calle. En esa oportunidad, la delegada de ATE, Victoria Laurido, había señalado que el retiro voluntario se ofrecía en 16 o 18 cuotas, generando angustia entre los empleados con larga antigüedad.
El plan de retiros afecta al mayor empleador del Ministerio de Justicia, el ente cooperador ACARA, que por convenio con el Estado —establecido hace 40 años— administra los fondos del sistema registral del país y paga los sueldos de los trabajadores de la cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Según fueron notificados, ACARA dejaría de cumplir esa función el 31 de diciembre próximo.
