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El subcomisario Enrique Gianola, uno de los 19 policías juzgados por la muerte de Franco Casco y absuelto en 2023, relató cómo la detención afectó a su familia. Su testimonio se suma al de otras esposas y hermanas de los acusados, mientras el expediente sigue abierto tras un recurso del fiscal Oscar Arrigo.
El subcomisario Enrique Gianola, subjefe de la Comisaría Séptima de Rosario y uno de los 19 policías que llegaron a juicio por el presunto homicidio de Franco Casco, relató el impacto que sus casi seis años de detención tuvieron sobre su familia, en particular sobre su hijo, quien perdió pelo de la nuca en pleno proceso judicial.
El caso que originó el juicio
Franco Casco tenía 20 años, vivía en Florencio Varela y había viajado a Rosario para visitar a familiares. El 7 de octubre de 2014, según las actuaciones policiales, fue detenido en un procedimiento y trasladado a la Comisaría Séptima de esa ciudad. Esa misma noche, a las 22:00, recuperó la libertad y firmó el acta de excarcelación, pero dos días después su familia se presentó en la dependencia para preguntar por él y nunca volvió a saberse de su paradero con vida. Casi tres semanas más tarde, su cuerpo fue hallado flotando en el río Paraná.
La autopsia no encontró lesiones y la causa de muerte quedó registrada como indeterminada. Sin embargo, la Justicia Federal sostuvo que el joven habría sido asesinado dentro de la comisaría y que los policías encubrieron el hecho. Con esa hipótesis, dos años y medio después, unos 30 efectivos fueron detenidos, de los cuales 19 llegaron a juicio oral. En 2023, todos resultaron absueltos.
Seis años detenido antes de la absolución
Gianola pasó casi seis años privado de su libertad antes de ser declarado inocente. Fue el primero de los acusados en aceptar repasar, ante la Agencia Noticias Argentinas, cómo atravesó ese proceso junto a su familia. Explicó que su detención tuvo distintas etapas: primero permaneció en dependencias de Gendarmería, luego fue trasladado al penal federal de Marcos Paz y más tarde consiguió el arresto domiciliario.
Ese beneficio no fue definitivo. El juzgado revocó en un momento el arresto domiciliario que Gianola había solicitado invocando la situación de su hijo, lo que implicó una nueva separación dolorosa para el niño. Cuando le quitaron el domiciliario, fue trasladado a una celda de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Su hijo Ignacio ya realizaba terapias motrices y psicológicas antes de la detención de su padre y, según contó Gianola, incluso los profesionales que lo atendían señalaban que estaba sobrellevando bien la situación. Ese cuadro cambió de forma abrupta durante el período en Marcos Paz, cuando al niño se le empezó a caer el pelo de la nuca, un cuadro que los especialistas asociaron a la acumulación de estrés. La salud del chico mejoró cuando su padre obtuvo el arresto domiciliario, pero esa mejora coincidió, de manera paradójica, con la revocación del beneficio. Gianola recordó además que su madre murió mientras él estaba con arresto domiciliario, antes de que terminara el juicio, y que el juez le concedió apenas un par de horas para asistir al velorio.
El testimonio de otras familias
Relatos similares surgieron de otras familias de los acusados que dialogaron con la Agencia Noticias Argentinas. Verónica Enciso, esposa del policía Guillermo Gysel, contó que durante mucho tiempo les ocultó a sus hijos, entonces muy pequeños, que el padre estaba detenido en el Penal Federal de Marcos Paz, y que uno de ellos terminó dándose cuenta de que ese no era un lugar de trabajo. Describió además las requisas a las que eran sometidos los chicos en cada visita, y aseguró que solían volver enfermos, con cuadros de broncoespasmo, después de cada encuentro.
Elisabet Gysel, hermana de Guillermo, centró su relato en sus sobrinos, que tenían un año y cuatro años cuando detuvieron al padre. Contó que el menor solía descomponerse la noche anterior a cada visita a la cárcel, con vómitos y malestares estomacales, mientras que el mayor preguntaba por qué su papá no estaba presente en cumpleaños, Navidad o el Día del Padre. Habló también del costo social del proceso sobre la familia, incluida la salud de su madre, y del estigma que debió enfrentar por ser hermana de uno de los acusados. Mencionó, además, que la evidencia de una cámara de seguridad que registró a Casco cerca del Club Rosario Central contradecía la versión de que había sido asesinado dentro de la comisaría, y lamentó que algunas madres de los acusados murieron sin llegar a saber que sus hijos habían sido absueltos.
Alejandra Gómez, esposa del policía Marcelo Guerrero, atravesó un dilema semejante con su hijo Lorenzo, que tenía seis años cuando detuvieron a su padre: primero le explicaron que estaba trabajando en Gendarmería y, tiempo después, tuvieron que contarle que lo habían acusado de algo que no había cometido. Laura Martínez, hermana del policía Fernando Blanco, relató una situación parecida con sus sobrinas, a quienes al principio les dijeron que el padre estaba haciendo un curso en otro lugar.
Mariela Terengue, esposa del comisario Diego Álvarez —jefe de la Comisaría Séptima al momento de los hechos—, ubicó el inicio del proceso en septiembre de 2017, cuando su marido le avisó que sería detenido. Describió esos años como una experiencia profundamente angustiante, marcada por la sensación de que, socialmente, ya existía una condena instalada antes de cualquier sentencia. Hugo Álvarez, hermano del comisario y presidente de la ONG Inocente Colectivo, resumió el costo generacional del expediente: muchos de los hijos de los acusados pasaron más tiempo separados de sus padres que junto a ellos durante la infancia, un daño que consideró irreparable.
Un expediente que sigue abierto
La absolución dictada en 2023 no cerró el caso. El Tribunal de Casación hizo lugar a un recurso presentado por el fiscal federal Oscar Arrigo y ordenó que se dicte una nueva resolución sobre la causa. Por su parte, los policías absueltos apelaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de que se ratifique la absolución dictada en instancias anteriores.
Los policías mencionados en esta nota fueron absueltos en 2023.
