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La Cámara Federal de Casación Penal determinó que el expediente por presunto lavado de activos no debe tramitar en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. El caso regresará al juzgado de Campana que había intervenido inicialmente
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una lujosa casaquinta de Pilar debe regresar al fuero federal de Campana, donde había comenzado el expediente.
La propiedad, ubicada en Villa Rosa y valuada en alrededor de 17 millones de dólares, es investigada por la Justicia ante la sospecha de que pudo haber sido adquirida mediante presuntos testaferros vinculados a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El tribunal consideró que la causa no corresponde al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó que el expediente sea remitido a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, “sin dilaciones”, lo envíe nuevamente al juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay.
La decisión fue tomada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia por una cuestión formal. Sin embargo, Slokar coincidió con sus colegas en que el delito de lavado de activos corresponde al fuero federal y no al Penal Económico.
Por qué la causa vuelve a Campana
El eje de la resolución fue la competencia judicial para investigar el supuesto delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal.
Los camaristas señalaron que el fuero Penal Económico tiene una competencia específica establecida por ley y que esa jurisdicción no puede ampliarse simplemente porque los hechos investigados tengan características económicas o financieras.
En ese sentido, remarcaron que el lavado de activos es competencia de la Justicia Federal penal y que no existe una norma que atribuya ese delito al fuero Penal Económico.
La resolución también hizo hincapié en la garantía constitucional del “juez natural” y en la necesidad de preservar una administración de justicia rápida y eficaz.
El tribunal aclaró, además, que el regreso del expediente al fuero federal no implica comenzar nuevamente la investigación. Las medidas de prueba ya realizadas y las que se encuentren en curso mantienen su validez.
La casaquinta de Pilar y la sospecha sobre los compradores
La investigación comenzó en diciembre de 2025, a partir de una denuncia contra Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes figuran como titulares de la sociedad Real Central, utilizada para adquirir la propiedad ubicada en Villa Rosa.
La hipótesis bajo investigación sostiene que los compradores no contarían con ingresos suficientes para justificar una operación inmobiliaria de semejante magnitud.
Por ese motivo, la Justicia busca determinar si ambos actuaron como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA.
Durante un allanamiento realizado en la propiedad, los investigadores encontraron objetos que serían del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.
La pesquisa también alcanzó otros bienes de alto valor. Entre ellos, una colección de 54 vehículos de alta gama y de colección, cuyo valor fue estimado en casi 4 millones de dólares y que estaba guardada en un galpón.
Un largo conflicto por la competencia
El expediente tuvo distintos movimientos entre los tribunales federales y el fuero Penal Económico.
El primer juez que intervino fue el federal Daniel Rafecas, quien había enviado la investigación al fuero Penal Económico. Sin embargo, esa jurisdicción rechazó inicialmente hacerse cargo del expediente al considerar que no existía una norma que le asignara específicamente la investigación del lavado de activos.
Luego de distintos planteos, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió en junio que el expediente quedara en el Juzgado Penal Económico N°10, que por entonces estaba subrogado por Marcelo Aguinsky.
La defensa de Pantano y Conte apeló esa decisión y el conflicto llegó a Casación.
Ahora, el máximo tribunal penal federal resolvió que el expediente debe regresar al fuero federal y, específicamente, seguir el camino hacia Campana, por tratarse del ámbito territorial donde se encuentra la propiedad que constituye uno de los principales objetos de la investigación.
Qué resolvió Casación
Para los jueces Borinsky y Barroetaveña, la naturaleza económica de los hechos no alcanza para justificar la intervención del fuero Penal Económico.
La competencia de esa jurisdicción está determinada por ley e incluye delitos y materias específicas, entre ellos evasión tributaria, contrabando, falsificación de balances y delitos vinculados al régimen penal cambiario.
El lavado de activos, en cambio, tiene otra asignación jurisdiccional.
Por eso, Casación sostuvo que el expediente debe continuar en la Justicia Federal criminal y correccional, sin que el cambio de tribunal implique retroceder en la investigación.
De esta manera, la causa por la casaquinta de Pilar vuelve al juzgado de Adrián González Charvay, que había intervenido en una etapa inicial del expediente. El objetivo ahora será continuar con las medidas necesarias para determinar quiénes financiaron realmente la adquisición de la propiedad y los demás bienes bajo investigación, y si existió una maniobra de lavado de activos vinculada con dirigentes de la AFA.
