7 min de lectura
El Gobierno busca endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con la exploración hidrocarburífera en las islas. Un especialista en Derecho Internacional explicó hasta dónde puede llegar la Argentina y por qué el principal foco está puesto en las firmas que tienen negocios dentro del país.
El Gobierno de Javier Milei anunció nuevas medidas para sancionar a empresas vinculadas con la exploración y explotación petrolera en las Islas Malvinas, en un intento por reforzar el reclamo argentino de soberanía y desalentar la explotación de recursos naturales en el área en disputa con el Reino Unido.
Sin embargo, la capacidad de acción de la Argentina tiene un límite concreto: el Estado puede aplicar sanciones dentro de su propia jurisdicción, pero no tiene capacidad directa para imponerlas sobre compañías que operan exclusivamente en las islas y no poseen activos, oficinas ni negocios en territorio argentino.
Así lo explicó Fernando Tarapow, especialista en Derecho Internacional y profesor de Atlántico Sur y Antártida en la materia Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires, durante una entrevista con Infobae Al Mediodía.
Según el especialista, ese límite jurídico determina cuáles son las empresas que realmente podrían quedar alcanzadas por las nuevas medidas.
El foco está puesto en los proveedores
La estrategia argentina apunta principalmente a las empresas que tienen presencia económica en el país y, al mismo tiempo, prestan servicios a proyectos vinculados con la explotación hidrocarburífera en Malvinas.
En ese universo aparecen compañías de logística, transporte, abastecimiento, equipamiento, insumos, seguros, servicios financieros y asistencia técnica.
Si una firma desarrolla actividades en la Argentina y además participa en proyectos petroleros en el área disputada, el Gobierno puede actuar sobre sus operaciones dentro del territorio nacional.
Pero la situación cambia cuando una empresa no tiene ninguna actividad económica en la Argentina.
“Si no tiene bienes ni actividad económica en territorio nacional, no lo va a poder hacer”, explicó Tarapow al referirse a la posibilidad de aplicar sanciones.
La diferencia resulta clave: la Argentina no puede trasladar automáticamente su legislación hacia empresas que operan fuera de su jurisdicción.
La disyuntiva para las empresas
En la práctica, el Gobierno busca generar un dilema económico para aquellas compañías que tengan negocios en ambos mercados.
Una empresa que participe de actividades relacionadas con Malvinas y, al mismo tiempo, tenga operaciones en Vaca Muerta, Mar del Plata, Chubut u otras zonas del país, podría quedar obligada a evaluar qué actividad prioriza.
La consecuencia no recaería necesariamente sobre la empresa petrolera que encabeza un proyecto en las islas, sino también sobre la red de compañías que permiten que esa operación funcione.
La logística y los servicios asociados a una explotación offshore requieren una estructura amplia de proveedores. Por eso, el Gobierno pretende utilizar el acceso al mercado argentino como una herramienta para desalentar la participación en proyectos que considera ilegítimos.
Qué dicen las normas internacionales
La posición argentina se apoya, según explicó Tarapow, en distintas resoluciones de las Naciones Unidas vinculadas con la disputa de soberanía.
Una de las principales referencias es la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas.
El especialista también mencionó la Resolución 37/49, que establece que las partes deben abstenerse de adoptar medidas unilaterales que puedan dificultar las negociaciones mientras la disputa permanezca abierta.
Desde la perspectiva argentina, las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos impulsadas por el Reino Unido y empresas privadas en el área cuestionada entran en conflicto con ese principio.
El Reino Unido, en cambio, mantiene su rechazo a la posición argentina y sostiene su propia interpretación sobre la soberanía de las islas.
Un decreto sobre la asistencia desde puertos argentinos
Dentro de las herramientas con las que cuenta el Gobierno también aparece una normativa vinculada con el apoyo logístico desde territorio argentino.
Tarapow recordó un decreto firmado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner que estableció requisitos para las actividades que conectaran puertos argentinos con las Islas Malvinas.
Según el especialista, esa norma continúa vigente y busca impedir que empresas radicadas en la Argentina faciliten desde sus puertos actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales en las islas.
La cuestión logística adquiere especial importancia porque los proyectos offshore necesitan trasladar equipos, materiales, combustible y personal, además de contar con servicios de mantenimiento y abastecimiento.
Por eso, limitar los puntos de apoyo disponibles puede incrementar los costos y modificar las rutas utilizadas por las compañías.
Punta Arenas aparece como una alternativa logística
En ese contexto, la infraestructura disponible en Chile también adquiere relevancia.
Durante el análisis surgió el caso de Punta Arenas, desde donde se impulsa una alternativa logística para las actividades vinculadas con las islas.
La cercanía geográfica con el área de explotación puede convertir a ese puerto en una opción atractiva para el traslado de equipos y materiales, especialmente si las empresas encuentran mayores restricciones para utilizar infraestructura argentina.
Para Buenos Aires, ese escenario representa uno de los desafíos de la estrategia: las sanciones pueden afectar a compañías con negocios locales, pero las empresas involucradas también pueden buscar proveedores y rutas alternativas en otros países.
El reclamo argentino abarca mucho más que las dos islas principales
Tarapow también remarcó que la disputa no se limita a las dos principales islas del archipiélago.
El reclamo argentino comprende más de 200 islas, además de las Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos correspondientes del Atlántico Sur.
La dimensión marítima resulta central porque allí se encuentran recursos naturales estratégicos, entre ellos hidrocarburos y recursos pesqueros.
La discusión, por lo tanto, no involucra únicamente la soberanía sobre un territorio terrestre, sino también el control y aprovechamiento de los recursos naturales y de los espacios marítimos asociados.
Hasta dónde puede llegar la estrategia de Milei
La ofensiva anunciada por el Gobierno combina herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas.
Pero el límite territorial es determinante: Argentina puede sancionar a quienes estén sometidos a su jurisdicción, pero no puede imponer directamente sus decisiones a una compañía que opera exclusivamente bajo jurisdicción británica y no posee activos o negocios en el país.
Por eso, el principal campo de batalla estará en las empresas que necesitan mantener su actividad en la Argentina.
La estrategia consiste en utilizar el atractivo del mercado local como elemento de presión y obligar a las compañías a evaluar el costo de participar en proyectos petroleros en Malvinas.
En paralelo, el Gobierno deberá sostener su reclamo por las vías diplomáticas y multilaterales, mientras intenta evitar que las restricciones argentinas sean reemplazadas por nuevas rutas logísticas desde otros países.
El conflicto por los hidrocarburos en Malvinas, así, suma una dimensión económica a una disputa que continúa teniendo como eje central la soberanía. Y el desafío para la Argentina será determinar hasta dónde puede presionar sin exceder los límites que impone el derecho internacional y su propia jurisdicción.
