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Londres desconoció la jurisdicción de Buenos Aires sobre el archipiélago y prometió asistencia a las compañías afectadas, mientras el gobierno de Javier Milei afina una ley para endurecer las penas contra las petroleras en el yacimiento Sea Lion.
El Ministerio de Asuntos Exteriores británico (FCDO) publicó un documento oficial titulado «Hacer negocios con las Islas Malvinas», en el cual respalda la actividad económica en el archipiélago y rechaza de forma directa la validez de las sanciones impulsadas por la administración del presidente Javier Milei. La guía sostiene que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción en las islas y que sus leyes no poseen fundamento para ser ejecutadas por tribunales de terceros países.
Las claves del respaldo británico
Frente a la embestida judicial y económica de Buenos Aires, el gobierno del Reino Unido fijó tres líneas de acción para las compañías operarias:
- Inmunidad jurisdiccional: Sostiene que toda actividad regulada por las autoridades locales del archipiélago es plenamente legítima según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
- Asistencia diplomática: Ofrece la intervención directa del FCDO ante cualquier empresa, subsidiaria o proveedor que enfrente presiones comerciales o legales en terceros países.
- Asesoramiento legal: Recomienda a las firmas e individuos que reciban intimidaciones por parte del Estado argentino recurrir a asistencia jurídica independiente.
La estrategia punitiva de la Argentina
La publicación británica surge tras el anuncio de un proyecto de ley de «defensa de la soberanía nacional» elaborado por el Ejecutivo argentino para penalizar a los ejecutivos, proveedores y accionistas involucrados en la extracción petrolera ilegítima.
El Gobierno ya inició expedientes sancionatorios contra 60 personas y empresas, sumado a denuncias penales contra firmas como Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas por el desarrollo del proyecto Sea Lion. La presión argentina derivó en que gigantes del sector como Halliburton y Baker Hughes desistieran de participar en las islas para evitar ser inhabilitados en yacimientos estratégicos del continente, como Vaca Muerta.
Por su parte, el canciller argentino Pablo Quirno descartó que existan quejas diplomáticas formales por las medidas adoptadas, aseguró que el país actúa plenamente ajustado a derecho y reafirmó que la nueva legislación mejorará los mecanismos de defensa de la soberanía.
