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El proyecto enviado al Congreso busca acelerar las concesiones viales privadas a través de incentivos permanentes en IVA, Ganancias y el impuesto al cheque.
El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una serie de alivios impositivos clave dirigidos a las empresas que asuman la operación, mantenimiento y mejora de la red vial. La iniciativa busca acelerar el traspaso al sector privado de más de 9.000 kilómetros de rutas —agrupados en la Red Federal de Concesiones— bajo un esquema financiado con peajes e inversión propia, sin subsidios operativos del Tesoro.
Incentivos fiscales para los nuevos concesionarios
El artículo 67 de la propuesta presupuestaria fija un paquete impositivo específico para las empresas adjudicatarias de las futuras licitaciones:
- Amortización acelerada: Deducción de bienes muebles nuevos en un mínimo de dos cuotas anuales. En obras de infraestructura vial, reduce al 50% la vida útil computable a efectos del Impuesto a las Ganancias.
- Tratamiento del IVA: Creación de un mecanismo especial de devolución o aplicación como crédito fiscal para el IVA vinculado a los desembolsos de inversión.
- Cómputo total del impuesto al cheque: Habilita utilizar el 100% de este tributo como pago a cuenta de Ganancias, IVA y contribuciones patronales destinadas al SIPA.
- Alivios provinciales: Se invita a las provincias y a la CABA a otorgar exenciones en Ingresos Brutos y Sellos, cuya adhesión será condición para acceder al beneficio.
El artículo 72 establece además la incorporación de estas disposiciones a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, garantizando que el régimen trascienda el ejercicio fiscal 2027.
El nuevo mapa vial y el rol del Estado
La Red Federal de Concesiones abarca 16 tramos estratégicos sobre un total nacional de aproximadamente 40.000 kilómetros. Las rutas conservarán su carácter de dominio público y la Dirección Nacional de Vialidad mantendrá la fiscalización del servicio.
Este modelo forma parte del rediseño del Estado iniciado en diciembre de 2023. De una cartera original de 2.339 obras públicas, el Ejecutivo rescindió 1.683, traspasó 457 a provincias y municipios, y preservó 199 bajo gestión directa. Para 2027, el gasto de capital se fijó en $3,768 billones, orientando los recursos estatales exclusivamente a proyectos prioritarios y tramos no concesionados.
