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La oferta oficial del 3% mensual para septiembre y octubre fue rechazada por las representaciones docentes y no docentes, que exigen una recomposición del 32,5% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.
Sin acuerdo concluyó la reunión convocada por la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno. El Ministerio de Capital Humano reiteró una propuesta del 3% de incremento salarial para septiembre y 3% para octubre, la cual fue rechazada de forma unánime por los sindicatos. Ante la falta de entendimiento, el frente gremial comenzó a diagramar medidas de fuerza que incluirán la convocatoria a la quinta marcha nacional universitaria.
Las claves del conflicto salarial
- Exigencia gremial: Los docentes reclaman los fondos fijados por la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), sumando a los aumentos ofrecidos una recomposición del 32,5% por la pérdida acumulada de poder adquisitivo.
- Plan de lucha: Tras la reunión de no docentes, las agrupaciones docentes y nodocentes coordinan paros y movilizaciones masivas a nivel federal.
- Alerta lectiva: Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) comenzaron a advertir que el conflicto salarial y presupuestario podría poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2027.
Brecha en el Presupuesto 2027
La negociación se cruza de lleno con el proyecto de ley de presupuesto enviado al Congreso:
- Asignación oficial: El Ejecutivo presupuestó $7,3 billones para las universidades públicas.
- Reclamo de los rectores: Las 60 casas de altos estudios solicitan $11 billones para cubrir funcionamiento, investigación, hospitales y salarios (una diferencia del 33%).
- Estructura de costos: El 90% de los recursos solicitados por las universidades corresponde a salarios del personal.
Tensión en el frente judicial
El enfrentamiento se desarrolla en paralelo a la disputa en los tribunales. Mientras el Gobierno argumenta que la oferta se ajusta a las pautas y que los gastos de funcionamiento subirán un 20%, los rectores exigen la ejecución plena del fallo del juez Martín Cormick, confirmado por la Corte Suprema, que ordena aplicar la Ley de Financiamiento. El CIN no descarta denuncias por desobediencia judicial ante el freno de partidas.
