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El flamante servicio de minibuses eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires, conocido comercialmente como «eBUS», se encuentra en el centro de un grave escándalo judicial. Una denuncia penal radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 (Causa N° 3.568/2026), con intervención de la Fiscalía Federal N° 6, destapó una presunta red de falsificación de documentos públicos destinada a poner en circulación vehículos no patentados ni habilitados.
La mira de la Justicia está puesta sobre Transportes Atlántida S.A.C. —empresa adjudicataria del servicio— y su presunta connivencia con la terminal automotriz Agrale Argentina S.A. y la proveedora Megacar S.A. La acusación central indica que estas firmas habrían orquestado la confección y utilización de patentes provisorias apócrifas para eludir los controles gubernamentales y acceder al cobro de millonarias compensaciones tarifarias.
El operativo que destapó la maniobra
La irregularidad no fue un rumor, sino que quedó documentada de manera irrefutable mediante una constatación notarial. El 22 de mayo de 2025, entre las 16:11 y las 17:18 horas, una escribana pública se apostó en la intersección de las calles Maipú y Bartolomé Mitre. A través de la escritura n° 182 del Registro Notarial n° 1325, se certificaron 29 fotografías que captaron in fraganti el accionar de la flota de eBUS.
Durante esa hora, la escribana constató el paso de ocho internos diferentes, conducidos por mujeres, transportando pasajeros en sus recorridos hacia Parque Lezama y Retiro. Seis de esas unidades (los internos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) exhibían en sus parabrisas carteles de papel con caracteres rojos y numeraciones como FAR-9819, FAR-9824, FAR-9825, FAR-9826, FAR-9827 y FAR-9828. Los internos 7 y 10, de manera aún más temeraria, circulaban directamente sin ninguna chapa ni cartel colocado. Además, todos los vehículos presentaban en la parte baja del parabrisas carteles con las leyendas de las empresas «AGRALE» y «MEGACAR».
¿Cómo eran las patentes falsas?
La presentación judicial detalla que los documentos exhibidos reproducían burdamente el membrete del Ministerio de Justicia y del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Sin embargo, el engaño salía a la luz al revisar los detalles obligatorios exigidos por el Digesto de Normas Técnico-Registrales: las chapas apócrifas carecían de número de chasis, número de motor, fecha de emisión, fecha de vencimiento y, fundamentalmente, de la firma de cualquier funcionario autorizado.
La ley establece que las placas provisorias legítimas son excepcionales y, en el caso de vehículos de transporte, tienen una vigencia máxima e improrrogable de 15 días, habilitando únicamente traslados hacia aduanas, concesionarias o plantas verificadoras, pero bajo ningún punto de vista autorizan la explotación regular de un servicio público con pasajeros a bordo.
Un fraude en las fechas: circulaban antes de ser comprados
El nivel de la irregularidad quedó totalmente expuesto al cruzarse los datos con la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA). Los informes históricos de dominio revelaron un desfase temporal escandaloso.
Las 12 unidades afectadas al servicio eBUS registran como fecha oficial de adquisición el 26 de diciembre de 2025 y fueron inscriptas inicialmente (patentadas) recién entre el 23 de enero y el 25 de febrero de 2026. El absurdo administrativo es total: los colectivos circularon por el centro porteño y transportaron pasajeros al menos ocho meses antes de existir legalmente para el Estado, e incluso siete meses antes de la fecha en que la empresa declaró haberlos comprado.
Esta falsificación material habría sido el instrumento clave para ocultar los incumplimientos del contrato de licitación (Expediente EX-2024-18532045-GCABA-DGTALMI), engañar a la Secretaría de Transporte de la Ciudad y, sobre todo, habilitar a Transportes Atlántida S.A.C. a percibir millonarios subsidios estatales. Para cobrar dichos fondos, la normativa exige que las unidades estén debidamente inscriptas.
Penas de prisión y las medidas solicitadas
Los hechos denunciados encuadran en los delitos de falsificación de documento público (Art. 292 del Código Penal), que prevé penas de tres a ocho años de prisión cuando se trata de documentos destinados a acreditar la habilitación para circular de vehículos, y el uso de documento falso (Art. 296).
Para desentrañar la cadena de complicidades, la Justicia ya tiene sobre la mesa un extenso pedido de medidas de prueba. Se solicitó librar oficios a la DNRPA para conocer el historial exacto de las patentes, al Ministerio de Economía (Secretaría de Industria) para verificar si los vehículos contaban siquiera con las licencias de configuración, y a la Secretaría de Transporte porteña para que remita el expediente completo de la licitación y los pagos autorizados.
Asimismo, se exigió que Agrale, Megacar y Transportes Atlántida entreguen sus organigramas gerenciales vigentes a mayo de 2025, correos electrónicos, facturas, remitos y comunicaciones internas para identificar quiénes fueron los directivos que diseñaron, imprimieron y ordenaron utilizar la documentación apócrifa en los eBUS
