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La controvertida instrucción penal que se tramita en los tribunales federales de San Carlos de Bariloche contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev acaba de escalar formalmente hacia la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Tres organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, las garantías procesales y la libertad religiosa presentaron reclamos oficiales ante la administración del presidente Javier Milei para exigir que se audite el desempeño institucional del fiscal federal Fernando Arrigo. Como resultado directo de estas presentaciones, el Ministerio de Justicia de la Nación confirmó la apertura de dos expedientes administrativos y dispuso su derivación a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Fiscal Arrigo
Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, las comunicaciones ingresaron durante la primera quincena de noviembre a la cartera que conduce la política judicial del Gobierno nacional y quedaron respaldadas mediante intercambios electrónicos y acuses de recibo oficiales. Todas las actuaciones remiten de forma directa al expediente judicial FGR 2878/2025, en el que se investiga a Rudnev junto a otras personas imputadas, y convergen en un planteo institucional unificado: que la conducta funcional del representante del Ministerio Público Fiscal sea sometida a revisión por los órganos disciplinarios competentes y que el Estado argentino tome conocimiento formal de las anomalías denunciadas en la jurisdicción patagónica.
El frente internacional está encabezado por el American Council for Justice and Conflict Resolution (ACJCR), la entidad francesa Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP Freedom of Conscience) y la European Muslim Initiative for Social Cohesion (EMISCO), organizaciones que ya anticiparon su decisión de sostener los cuestionamientos en el tiempo hasta que se esclarezcan las presuntas irregularidades del proceso.
La primera presentación ante el Ejecutivo fue impulsada el pasado 7 de noviembre de 2026 por Stephen Eric Bronner, presidente y director ejecutivo del ACJCR. El directivo remitió una comunicación formal a diversas dependencias del Ministerio de Justicia acompañando la copia de una denuncia disciplinaria contra el fiscal Arrigo que ya había sido registrada previamente ante la Procuración General de la Nación. En su fundamentación, la entidad norteamericana advirtió que el expediente compromete estándares sensibles en materia de derechos humanos, libertad religiosa y garantías elementales del debido proceso, motivo por el cual resultaba imperativo notificar a las autoridades nacionales. El 11 de noviembre, a través de la Dirección de Gestión Documental y Despacho, el Ministerio respondió oficialmente confirmando la caratulación del expediente administrativo EX-2026-109240871-APN-DGDYD#MJ y su giro a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
En esa misma fecha del 7 de noviembre, Thierry Valle, presidente de la organización francesa CAP Freedom of Conscience —entidad que ostenta estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)—, cursó un planteo de idéntico tenor ante el Ejecutivo argentino. Valle notificó la radicación de su propia denuncia disciplinaria en la Procuración General por el accionar de Arrigo y elevó la totalidad de los antecedentes a la cartera de Justicia, reclamando especial atención estatal sobre las garantías procesales y los derechos fundamentales afectados en la causa de Bariloche. El 11 de noviembre, esta gestión también recibió confirmación oficial bajo el mismo expediente administrativo EX-2026-109240871-APN-DGDYD#MJ, quedando integrada al circuito de evaluación de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El cerco administrativo e institucional se amplió los días 12 y 13 de noviembre con la intervención de EMISCO. Su secretario general, Bashy Quraishy, remitió presentaciones tanto a las oficinas del Ministerio de Justicia como al propio Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, órgano encargado de juzgar el mal desempeño de los magistrados acusadores. “Consideramos oportuno ponerla en su conocimiento atento a la relevancia de las cuestiones que plantea en materia de derechos humanos, libertad religiosa y garantías del debido proceso”, fundamentó la entidad europea al adjuntar el reclamo radicado en la Procuración General. El 13 de noviembre, el Ministerio de Justicia certificó la recepción del planteo y abrió un segundo expediente administrativo con igual destino en el área de Derechos Humanos.
Al analizar el impacto institucional de estas medidas, Tamara Rudneva, esposa del principal imputado, sostuvo que el conflicto superó el plano individual para convertirse en un examen estructural sobre la administración de justicia en el país. “Más allá del destino personal de Rudnev, este caso se ha convertido en una prueba para el sistema judicial argentino”, señaló, respaldando sus objeciones en las conclusiones del libro “Justicia peligrosa”, una obra crítica que releva las falencias del expediente rionegrino.
“El libro ‘Justicia peligrosa’ documenta graves irregularidades en la actuación de los fiscales y jueces que han llevado el caso: desde el uso acrítico de informes de medios extranjeros y de traducciones automáticas como pruebas, hasta la aplicación reiterada de la prisión preventiva a una persona enferma y el trato dado a la presunta víctima”, puntualizó Rudneva. Asimismo, advirtió que la prolongación deliberada de la causa por parte del Ministerio Público terminará exponiendo nuevas anomalías ante los veedores externos: “Las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo seguirán exigiendo una investigación exhaustiva. Si se confirman las presuntas falsificaciones y abusos, los responsables deberán rendir cuentas”.
Finalmente, la esposa del detenido denunció que las demoras responden a una táctica de coacción procesal advertida por organizaciones de la sociedad civil argentina con las que mantiene contacto, poniendo en tela de juicio la permanencia en el cargo de los funcionarios intervinientes. “Creemos que la Fiscalía dilata la causa para presionar a las personas imputadas. Según nos explican, se recurre a la prisión preventiva y se prolonga el proceso para presionar a los imputados hasta que firmen una confesión de hechos que no cometieron”, concluyó.
















