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La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China recomendó crear un grupo dependiente del Tesoro para revisar contratos estratégicos antes de su firma. El informe apunta al litio de Jujuy, la vigilancia de ZTE, el swap y la estación espacial de Neuquén.
Una comisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos recomendó que un grupo de especialistas se instale en la Argentina y en otros países de América Latina para auditar proyectos de inversión extranjeros antes de su firma y frenar el avance estratégico de Beijing en la región. La iniciativa forma parte del informe anual 2026 de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China (USCC) —un documento de más de 700 páginas aprobado por unanimidad por seis comisionados republicanos y seis demócratas mientras el presidente Donald Trump arribaba a Shenzhen para la cumbre del APEC y una reunión trilateral con Xi Jinping y Vladimir Putin—. Dentro del capítulo China’s Predatory Diplomacy in Latin America: Broken Promises, Harmful Practices, el texto dedica a la Argentina más espacio que a cualquier otra nación latinoamericana y propone crear el Equipo de Revisión Rápida de Inversiones Extranjeras (FIRST), bajo la órbita del Departamento del Tesoro, para evaluar contratos, capacitar funcionarios locales en derecho contractual y anticorrupción y movilizar capital estadounidense como alternativa.
El diagnóstico estadounidense pone la lupa sobre la “diplomacia subnacional” y señala como caso testigo a la provincia de Jujuy, al advertir que los gobiernos locales negocian obras de gran escala con menor escrutinio federal y capacidad limitada para medir riesgos de seguridad nacional. Según el dossier, el capital chino concentra el 72% de las inversiones propuestas en litio bajo el régimen RIGI en la Argentina, con firmas como CNGR Advanced Material —que controla el 90% de Solaroz y avanza en Jama— y Ganfeng Lithium, operadora de Cauchari-Olaroz con planes de ampliar su producción de 40.000 a 85.000 toneladas anuales. En esa línea, el informe también propone extender a América Latina el programa de reemplazo de equipos de Huawei y ZTE —tomando como modelo un piloto de USD 8 millones aplicado en Panamá—, apuntando al contrato de casi USD 30 millones que ZTE firmó con Jujuy en 2019 para vigilancia urbana y en sintonía con el reclamo del embajador de EEUU en Buenos Aires, Peter Lamelas, para excluir a Huawei de las redes locales.
El reporte abarca además otros tres frentes críticos en la relación bilateral: la infraestructura espacial, el financiamiento y la pesca en el Atlántico Sur. Por un lado, solicita al Director de Inteligencia Nacional informes anuales desclasificados sobre instalaciones de uso dual como la Estación Espacio Lejano de Neuquén —operada por la estatal china CLTC con una antena de 35 metros y un contrato que impide a la Argentina interferir en sus actividades mientras reserva apenas el 10% del tiempo operativo para científicos locales— y la estación terrena de Río Gallegos. Por otro, propone crear un agente ejecutivo contra el lavado de dinero y la pesca ilegal —citando el despliegue militar argentino de enero de 2025 frente a la flota pesquera china en el mar austral— y cuestiona el uso del swap de monedas como “palanca electoral” en 2023, cuando se activaron USD 2.800 millones para cubrir vencimientos con el FMI antes de que Beijing congelara los tramos adicionales tras el triunfo de Javier Milei, en un contexto regional marcado por un déficit comercial récord de USD 46.900 millones con China en 2025.
















