El economista Ricardo Arriazu advirtió que el aumento del desempleo en el Gran Buenos Aires representa el principal riesgo político para el programa económico del Gobierno encabezado por Javier Milei. Según planteó, la actual transición productiva está generando una destrucción de empleo más rápida que la creación de nuevos puestos de trabajo.
Durante una disertación organizada por la firma BlackToro Asset Management, Arriazu sostuvo que el impacto se concentra especialmente en el conurbano bonaerense, donde se ubican los sectores más intensivos en mano de obra. “La destrucción es más rápida que la creación”, resumió, al describir la dinámica del mercado laboral.
El economista explicó que los sectores en expansión —como la energía, la minería y el agro— demandan fuertes inversiones y generan divisas, pero tienen baja capacidad de absorción de empleo. En contraste, actividades como la industria, la construcción y el comercio, que concentran la mayor cantidad de trabajadores, atraviesan una fase de retroceso.
Arriazu también apuntó a los cambios en los incentivos económicos como un factor clave en la actual situación. “Ni los empresarios ni los trabajadores son responsables: respondieron a las reglas que fijaron los gobiernos. El problema es que esas reglas cambiaron y ahora muchos quedan perjudicados”, señaló. En ese sentido, advirtió que este proceso podría traducirse en “ruido político” con impacto electoral, particularmente en el Gran Buenos Aires.
En base a los datos disponibles, indicó que la tasa de empleo cayó a nivel nacional, pero que el deterioro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) duplica ese promedio. Además, remarcó que la movilidad laboral hacia regiones más dinámicas, como las vinculadas al desarrollo energético, no avanza al ritmo necesario.
Respecto del potencial económico, Arriazu destacó el desarrollo de Vaca Muerta, al que calificó como uno de los reservorios más competitivos a nivel global. Proyectó que, hacia 2030, las exportaciones energéticas podrían alcanzar los USD 32.000 millones, impulsadas por el crecimiento de la producción y la expansión de la infraestructura.
También subrayó el potencial del sector minero, en particular el proyecto de cobre Vicuña en San Juan, que podría generar exportaciones por USD 25.000 millones anuales una vez que alcance su capacidad plena. En el agro, estimó que la eliminación de retenciones permitiría incrementar significativamente la producción y las divisas.
Sin embargo, el economista advirtió que ese potencial aún no se refleja en el presente. Señaló que existen “cuellos de botella” que deben ser atendidos, especialmente en sectores como la construcción y el comercio, que son los únicos con capacidad de generar empleo suficiente para compensar la pérdida en la industria.
En ese contexto, propuso una baja de tasas de interés por parte del Banco Central, al considerar que el actual nivel restringe el crédito y profundiza el enfriamiento económico. Además, alertó sobre el aumento de la morosidad en el sistema financiero, asociado al encarecimiento del crédito y al estancamiento de los ingresos.
En cuanto al consumo, Arriazu sostuvo que, si bien los indicadores agregados se mantienen elevados, están distorsionados por rubros como turismo y bienes durables. “Por eso la gente siente que el récord de consumo no se refleja en la vida cotidiana”, afirmó.
Finalmente, el economista elevó al 50% la probabilidad de éxito del programa económico —frente al 30% que estimaba el año anterior—, aunque reiteró que el principal desafío será atravesar el impacto social en el corto plazo. En esa línea, consideró necesario implementar políticas compensatorias como la Asignación Universal por Hijo, el seguro de desempleo y la obra pública focalizada.
“No se puede separar la economía de la política y la sociología”, concluyó Arriazu, al advertir que la sostenibilidad del programa dependerá de cómo se gestionen sus efectos sociales en el corto plazo.
