La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó a más de 30 familias que viven y trabajan hace décadas en el histórico complejo turístico de Chapadmalal. Tienen 10 días para abandonar las viviendas. El Gobierno avanza con la concesión del predio a privados por 30 años.
La situación de los trabajadores de los hoteles de Chapadmalal encendió una fuerte alarma. Según denunciaron, recibieron una notificación de la AABE que los intimó a abandonar las viviendas que ocupan desde hace décadas.
Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE y representante de los trabajadores, habló en Radio Brisas y detalló el contenido del acta. “Recibimos un acta para que en 10 días dejemos las viviendas y nos tratan de intrusos. Nos afecta a más de 30 familias que hace más de 20 años vivimos en estos pabellones que son cedidos por nuestro empleador”, expresó.
“No somos intrusos”
La dirigente sindical remarcó que las viviendas forman parte de las condiciones laborales. “Nos entregan esas viviendas no como un favor, sino como trabajadores del Estado. El compañero que menos cobra son 500 mil pesos y el que más cobra no llega al millón”, señaló. En ese sentido, insistió: “Quiero aclarar que no somos intrusos”.
Marco Ruiz vinculó la intimación con un posible proceso de concesión de la unidad turística. “Quieren concesionar la unidad turística. Quieren agarrar todo y dejarnos en la calle”, denunció.
Además, cuestionó el rol del organismo que emitió la notificación. “La AABE no es nuestro empleador”, subrayó, y reclamó definiciones de las autoridades competentes. En esa línea, indicó que ya enviaron notas formales a Jefatura de Gabinete y al área de Turismo. “Todavía nadie nos respondió”, afirmó.
- La AABE intimó a más de 30 familias a desalojar en 10 días.
- Los trabajadores viven en el complejo hace más de 20 años como parte de sus condiciones laborales.
- El Gobierno avanza con la concesión del predio por 30 años a privados.
- Los trabajadores presentaron una medida cautelar para frenar el desalojo.
El plan del Gobierno: concesión por 30 años
El 25 de marzo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa la intención de concesionar la Unidad Turística de Chapadmalal por 30 años. “Se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente”, dijo Adorni, y apuntó que, al mismo tiempo, se reducirá “la carga de su mantenimiento para el Estado”.
Para el Gobierno nacional, el Estado “no debe proveer el servicio de hotelería”. Así lo definió el año pasado el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger. “Sí puede ofrecer servicios de subsidios al turismo social o educativo”, pero “no tiene ningún sentido que gestione una actividad compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva y no conoce”, agregó.
El complejo no puede ser vendido debido a que se encuentra en tierras expropiadas y fue declarado patrimonio histórico cultural en 2013. Sin embargo, la AABE cuenta con facultades para avanzar en esquemas de concesión o uso por parte de privados.
“No vamos a entregar las viviendas”
El acta estableció un plazo de 10 días para abandonar las viviendas, algo que los trabajadores rechazaron de manera contundente. “Ya estamos asesorándonos. En 10 días tenemos que contestar. Nos vamos a defender”, adelantó la delegada.
En medio de la incertidumbre, la dirigente gremial fue tajante sobre la postura que adoptarán. “No vamos a entregar las viviendas. No vamos a aceptar que nos apuren sin ninguna firma de un juez”, sostuvo.
Según informaron fuentes sindicales, ya presentaron una medida cautelar para impedir que se concrete el desalojo.
La reacción de la oposición
La senadora provincial Fernanda Raverta, de Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad de dominio y asuma la administración de la Unidad Turística Chapadmalal. “Lo que está en discusión no es solo la propiedad de un predio, sino qué modelo de país queremos: uno donde todo se vende o uno donde hay cosas que se cuidan porque son de todos”, expuso.
Los trabajadores tienen 10 días para responder la intimación. Ya presentaron una medida cautelar. El Gobierno, por su parte, sigue adelante con el proceso de concesión. La justicia deberá definir si el desalojo se concreta o no. Mientras tanto, más de 30 familias esperan una respuesta que nunca llega.
