Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino en el marco de una causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos.
El requerimiento fue presentado por el fiscal Pedro Simón en un dictamen de 181 páginas que actualmente analiza el juez interviniente. Según la acusación, ambos dirigentes habrían utilizado empresas vinculadas a Toviggino como “fachada” para llevar adelante maniobras ilícitas con fondos de la entidad.
La investigación sostiene que se habría montado una estructura societaria destinada a simular operaciones comerciales inexistentes. En ese esquema, distintas firmas emitían facturas a la AFA por servicios que, según el fiscal, nunca fueron prestados, con el objetivo de justificar transferencias millonarias.
De acuerdo al dictamen, la AFA transfirió más de $3.633 millones a cuentas de empresas integradas por personas del entorno de Toviggino. Posteriormente, esas sociedades habrían generado facturación interna para dificultar el rastreo del dinero.
El fiscal también imputó a familiares y allegados de los dirigentes, a quienes señala como presuntos testaferros que figuraban como titulares de bienes que en realidad pertenecerían al tesorero. En total, se pidió la detención de 24 personas y la inhibición general de sus bienes.
En la causa, Toviggino es señalado como el presunto jefe de la organización, mientras que Tapia habría tenido un rol clave al autorizar las transferencias desde su posición como presidente de la AFA, con conocimiento del destino real de los fondos.
La investigación abarca bienes dentro y fuera de Santiago del Estero, incluyendo propiedades, vehículos, participaciones societarias e inversiones financieras. Según fuentes judiciales, existirían al menos 35 inmuebles vinculados a la maniobra.
El expediente se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia particular y contempla medidas como allanamientos, peritajes y el dictado del secreto de sumario. La decisión final sobre los pedidos de detención quedará en manos del juez de la causa.
El fiscal fundamentó su solicitud en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad de los delitos imputados, que contemplan penas de cumplimiento efectivo.
