La Justicia analiza seis contratos de coproducción firmados entre la empresa estatal Radio y Televisión Argentina y la productora Imhouse, vinculada a Marcelo Grandio, en el marco de una investigación que también involucra al vocero presidencial Manuel Adorni por presuntas dádivas.
Los convenios —cinco con la TV Pública y uno con Radio Nacional— ya fueron incorporados al expediente que tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.
La causa se originó a partir de un viaje a Punta del Este que Adorni realizó con su familia durante el feriado de Carnaval, el cual, según testimonios, habría sido financiado por Grandio.
Cómo eran los acuerdos
De acuerdo a la documentación, los contratos contemplaban la producción de programas de entrevistas y contenidos de streaming, con distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios.
En todos los casos, RTA aportaba infraestructura —incluyendo estudios, personal técnico, producción, escenografía y seguridad—, mientras que Imhouse asumía la realización integral de los contenidos, el equipamiento técnico y los costos asociados, incluidos derechos de autor y eventuales reclamos judiciales.
Uno de los principales ciclos fue “Giros en Línea Recta”, conducido por Grandio, que contó con varios contratos sucesivos:
- El primero, firmado en agosto de 2024, establecía un costo total cercano a los $5,8 millones más IVA por diez capítulos.
- En marzo de 2025 se acordó una nueva tanda, con un costo de $900.000 más IVA por episodio.
- En septiembre de ese año se firmó otro contrato por 16 capítulos, con un valor de $1.097.500 más IVA por programa.
El esquema se repetía: la productora recuperaba la inversión a través de la publicidad y, una vez alcanzado ese monto, los ingresos se repartían en partes iguales con el Estado. Si no se llegaba a cubrir el costo, Imhouse asumía la pérdida.
Otros acuerdos incluyeron el ciclo de streaming “Enredados”, con 20 episodios, y “La Sala”, con 50 programas, ambos bajo condiciones similares de financiamiento.
Transferencias y nuevas medidas
En paralelo, la Justicia incorporó informes bancarios que registran transferencias de Imhouse a Adorni previas a su ingreso al Gobierno, por un total de $1.670.900 entre diciembre de 2022 y fines de 2023. El objetivo es determinar el origen y motivo de esos pagos.
Además, el juez Lijo solicitó el registro de llamadas entre Grandio y autoridades de la productora, como parte de las medidas de prueba en curso.
La investigación busca establecer si existió una relación indebida entre los contratos firmados con el Estado y los beneficios personales que habría recibido el funcionario.
