Bolsonaro promulga un presupuesto anual con fuerte ajuste incluso en salud

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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó la ley de presupuesto 2021 con un fuerte ajuste en obra pública, educación y salud pero logró mantener fuera de las normas del techo del gasto público los subsidios y ayudas específicas para enfrentar la pandemia, según lo publicado hoy en el Diario Oficial de la Unión.

El presupuesto 2021 castigó incluso el funcionamiento de la investigación científica dependiente del Ministerio de Salud, según se desprende del análisis que hizo el Instituto de Finanzas del Senado sobre la ley de leyes de este año para Brasil.

Los recortes también golpearon fuerte al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, quien no tendrá fondos suficientes para realizar este año el censo nacional, una herramienta central de los Estados para planificar y diseñar sus principales políticas económicas y sociales.

El ajuste en total fue de 19.800 millones de reales (unos 3.600 millones de dólares) y, según analistas, permitió al presidente evitar un juicio político por hacer maniobras fiscales -como sufrió la exmandatario Dilma Rousseff- aunque también puede dejar al Gobierno al borde del llamado «shutdown», es decir, que el Estado federal pare de funcionar por falta de partidas presupuestarias.

La nueva ley de presupuesto también incluyó un recorte en las partidas presupuestarias para senadores y diputados, una disputa que ganó el ministro de Economía, Paulo Guedes, el mayor abanderado del ajuste fiscal en el Gobierno.

Pero en el Poder Ejecutivo, las carteras más perjudicadas fueron las de Desarrollo Regional, Infraestructura, Educación y Salud. Sobre ellas se profundizó el ajuste para enfrentar una deuda pública bruta que llega al 90% del PBI nacional.

La aprobación de este presupuesto no fue un trámite fácil para Bolsonaro, hoy acosado por investigaciones y denuncias por su gestión de la pandemia y cómo ella afectó al colapso de gran parte de las terapias intensivas del país.

El presidente tuvo que promulgar una ley relámpago anoche para permitir dejar fuera del techo de gastos fijado por 20 años desde 2016 -una herencia del Gobierno de Michel Temer- a las ayudas para pagar subsidios a empresas y personas físicas en los próximos cuatro meses a raíz de la crisis de la pandemia.

Esto provocó una advertencia de la agencia calificadora internacional Moody’s, pero hoy fue bienvenido por el momento por el mercado financiero de San Pablo.

Según Moody’s, la decisión de Brasil de «excluir» los gastos adicionales relacionados con la pandemia del coronavirus del techo fiscal es «negativa» para el perfil crediticio del país.

Pero pese a esta crítica, el resultado final en su conjunto fue una victoria para la línea respaldada por el mercado financiero e impulsada por el ministro ultraliberal Paulo Guedes por sobre las posiciones defendidas por el desarrollista ministro de Desarrollo Regional, Rogerio Marinho.

Se eliminaron 2.200 millones de reales, unos 400 millones de dólares, del presupuesto del Ministerio de Salud que destinaba a programas de actualización tecnológica, desarrollo e investigación y construcciones de nuevas sedes del laboratorio federal Fiocruz, que fabrica la vacuna de AstraZeneca en Brasil.

La peor parte, sin embargo, se la llevó el Ministerio de Educación: concentró el 30% de todo el ajuste estatal.

«El presupuesto es bastante pequeño y se reduce todos los años. Es un corte bastante grande en todos los ministerios. Todo el mundo va a tener que pagar la cuenta», dijo Bolsonaro, al defender el ajuste.

En tanto, desde la Institución Fiscal Independiente del Senado, el director ejecutivo Felipe Salto destacó que el achicamiento es aún mayor.

Destacó que el recorte de 19,800 millones de reales tiene un bloqueo extra de 9.000 millones de reales, que pueden usarse en caso de respiro recaudatorio.

En otras palabras, el presupuesto aprobado eliminó o bloqueó un total de 28.800 millones de reales, pese a que se necesitan 31.900 millones de reales para cumplir con el gasto obligatorio del país, salud, educación, salarios, jubilaciones, partidas a estados y municipios y todo lo estipulado en la Constitución.

«Estos 9.000 millones de reales bloqueados eleva el riesgo de shutdown, paralización de la máquina pública aunque se preservó el techo de gastos», explicó Salto a Agencia Senado.

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