El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se negó a declarar este martes en el inicio de una nueva ronda de indagatorias en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción durante su gestión.
Spagnuolo se presentó a primera hora en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Franco Picardi y funcionarios del juzgado federal interviniente. Tras permanecer cerca de una hora, se retiró sin responder preguntas de la prensa y se limitó a señalar que esta “no es la única oportunidad” que tendrá para declarar.
Luego fue el turno de Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud y considerado el “número dos” del organismo, quien también optó por no prestar declaración. Ambos se encuentran procesados, aunque esa decisión aún debe ser revisada por la Cámara Federal.
La ampliación de indagatorias fue solicitada por el fiscal Picardi junto a Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), y ordenada por el juez Ariel Lijo. La medida alcanza también a otros imputados, entre ellos el lobista Miguel Ángel Calvete y los empresarios Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.
Calvete, señalado como uno de los principales articuladores de la trama, permanece detenido en el penal de Ezeiza y declarará de manera remota debido a su estado de salud. En total, 35 imputados deberán comparecer ante la Justicia entre este mes y el próximo.
Según la acusación, los implicados habrían integrado una asociación ilícita dedicada a manipular procesos de contratación pública dentro de la ANDIS, especialmente en el marco del Programa Federal Incluir Salud. La maniobra consistía en simular competencia entre empresas y direccionar adjudicaciones hacia firmas previamente seleccionadas, generando beneficios económicos ilegales y el pago de sobornos a funcionarios.
Las irregularidades se habrían concentrado en la compra de medicamentos e insumos de alto costo —incluyendo prótesis, audífonos, implantes y tratamientos complejos— destinados a beneficiarios de pensiones no contributivas, en su mayoría personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la investigación, uno de los mecanismos clave fue el uso direccionado del sistema SIIPFIS, implementado en 2024, a través del cual se canalizaban compulsas de precios restringidas a un grupo reducido de proveedores. Entre las empresas involucradas figuran Profarma S.A., Génesis S.A., Floresta S.A. y New Farma S.A., algunas de las cuales habrían simulado competir entre sí.
Solo en el rubro de medicamentos, se detectaron 21 licitaciones por más de 30.000 millones de pesos, de las cuales más del 93% fueron adjudicadas a dos firmas. En otros segmentos, como implantes auditivos, también se registraron concentraciones significativas en pocas empresas.
La causa sostiene que el esquema se completaba con el pago de coimas a funcionarios a cambio de garantizar adjudicaciones, acelerar pagos y asegurar condiciones favorables para las empresas involucradas. La Justicia investiga movimientos por al menos 75.000 millones de pesos.
