La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni suma nuevos capítulos y eleva el monto que el funcionario debe justificar ante la Justicia. Entre gastos en propiedades, viajes y deudas, los compromisos acumulados superan los 725.000 dólares, según reconstrucciones realizadas a partir de fuentes judiciales.
Uno de los datos más recientes surgió de la declaración del contratista Matías Tabar, quien afirmó haber cobrado USD 245.000 por la remodelación de la casa que el jefe de Gabinete posee en el country Indio Cuá. Durante esas obras, la familia habría alquilado otra vivienda en el mismo barrio privado por unos USD 13.000.
Estos montos se suman a otros desembolsos ya detectados en el expediente, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo. Entre ellos, figuran pagos por 30.000 dólares para la compra de un departamento en Caballito, otros 30.000 para cancelar parcialmente un préstamo, 25.000 por la adquisición de la propiedad en Indio Cuá y cerca de 10.000 en honorarios notariales.
En total, solo en el rubro inmobiliario, Adorni y su esposa Bettina Angeletti habrían desembolsado al menos 365.000 dólares desde su llegada al Gobierno.
Además, la causa revela un esquema de financiamiento significativo. Por un lado, el funcionario recibió un préstamo no bancario de 100.000 dólares por parte de dos integrantes de la Policía Federal Argentina, con una tasa anual del 11% y garantía hipotecaria sobre una propiedad. De ese monto, aún adeuda unos 70.000 dólares más intereses.
Por otro, mantiene una deuda de 200.000 dólares con dos jubiladas que financiaron la compra de otro inmueble, además de unos 65.000 dólares correspondientes a refacciones que aún no fueron abonadas. En conjunto, las deudas detectadas ascienden a aproximadamente 335.000 dólares.
Viajes y gastos en efectivo
La investigación también analiza los movimientos vinculados a viajes. El expediente registra al menos 18 traslados realizados por Adorni y su esposa, tanto dentro del país como al exterior.
Según estimaciones preliminares, se identificaron más de 25.000 dólares en pasajes y estadías. Entre ellos, figuran gastos para viajes a Punta del Este en avión privado, celebraciones de Año Nuevo en Aruba y una estadía en Bariloche.
Uno de los puntos que genera mayor atención es la modalidad de pago: de acuerdo con fuentes judiciales, varias de estas erogaciones se habrían realizado en efectivo, sin registros claros en tarjetas o cuentas bancarias.
Declaraciones juradas bajo análisis
La última declaración jurada presentada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción corresponde al año 2024. Allí informó activos significativamente menores a los montos que ahora analiza la Justicia, incluyendo ahorros en pesos, poco más de 6.000 dólares en el exterior y 42.500 dólares en efectivo.
Sin embargo, la propiedad adquirida en Indio Cuá no figura en ese documento, lo que también forma parte de las inconsistencias bajo revisión.
El análisis integral del patrimonio está en manos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo dependiente de la Procuración, que deberá determinar si el crecimiento patrimonial del funcionario es compatible con sus ingresos declarados.
Para ello, no solo se evaluarán las grandes operaciones, sino también los gastos cotidianos del grupo familiar, con el objetivo de reconstruir su nivel de vida y detectar posibles irregularidades.
