En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, autoridades académicas, gremios docentes y organizaciones estudiantiles volvieron a cuestionar al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron sobre el deterioro presupuestario que atraviesan las universidades públicas.
Durante el acto central realizado en Plaza de Mayo, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales leyeron un documento conjunto en el que reclamaron la aplicación inmediata de la ley aprobada por el Congreso y denunciaron una “situación crítica” en el sistema educativo superior.
“La universidad argentina es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar”, expresaron en el texto titulado “Cuarta Marcha Federal Universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.
El documento sostuvo que el Gobierno “incumple la regla democrática y constitucional básica de cumplir la ley” y advirtió que también desoye resoluciones judiciales que ordenan avanzar con la implementación de la normativa.
Caída presupuestaria y deterioro salarial
Según detallaron las organizaciones universitarias, las transferencias a las universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, mientras que las partidas destinadas al funcionamiento cotidiano perdieron gran parte de su poder adquisitivo.
Además, denunciaron una fuerte pérdida salarial entre docentes y no docentes. De acuerdo al documento, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumuló un 293,3%, mientras que los salarios universitarios aumentaron un 147,3%, generando una pérdida del poder adquisitivo superior al 37%.
“Los salarios universitarios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años y entre los más bajos de América Latina”, afirmaron.
Las organizaciones también alertaron sobre el crecimiento de las renuncias docentes, el pluriempleo y la crisis de las obras sociales universitarias.
El impacto sobre estudiantes y becas
El reclamo incluyó críticas por el congelamiento de las Becas Progresar y la incertidumbre sobre programas estratégicos como las Becas Manuel Belgrano y las becas de estímulo a las vocaciones científicas.
Según denunciaron, el deterioro de estas políticas “expulsa estudiantes del sistema y profundiza las desigualdades sociales”.
En ese contexto, remarcaron el valor histórico de la universidad pública argentina como herramienta de movilidad social y acceso al conocimiento.
“La universidad pública iguala, genera oportunidades y construye desarrollo científico y tecnológico para el país”, señalaron.
Pedido a la Corte Suprema
Hacia el cierre del documento, los organizadores realizaron un llamado directo a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga en el conflicto y garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Pedimos que escuche el clamor de las plazas de toda la República y no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley”, expresaron.
La movilización se replicó este martes en distintas ciudades del país y reunió a estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes, sindicatos y organizaciones sociales en defensa del sistema universitario público.