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Un estudio académico internacional elaborado por el Centro de Estudios sobre las Nuevas Religiones (CESNUR) y la publicación Bitter Winter puso en duda los tres principales argumentos de la acusación contra Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso imputado por presunta trata de personas en Bariloche. La investigación, a cargo del periodista Marco Respinti, analizó 25 años de cobertura mediática sobre Rudnev y detectó contradicciones entre lo difundido públicamente y la documentación incorporada al expediente judicial.
El trabajo forma parte de una serie de diez estudios elaborados por investigadores internacionales sobre el caso, que abarcan desde las primeras apariciones públicas de Rudnev en Rusia hasta su detención en la Argentina en abril de 2025. Según el estudio, tres afirmaciones que se difundieron desde el inicio de la causa no coinciden con la documentación del expediente.
La primera de ellas se refiere al supuesto pedido de captura internacional emitido por Montenegro. El estudio sostiene que la documentación remitida por la Dirección de Policía de Montenegro, que obra en la causa, menciona únicamente una orden de comparecencia local y aclara expresamente que «no se ha iniciado la emisión de un pedido de captura internacional contra esta persona, ya que actualmente no existen fundamentos legales para ello».
La investigación de Respinti también señala que la Policía de Montenegro no solo no pidió la captura internacional, sino que aclaró expresamente que no había fundamentos para hacerlo. Esa aclaración, que debió haber sido tenida en cuenta por la Justicia argentina, parece haber sido ignorada o minimizada por la fiscalía, que continuó con el proceso como si el pedido existiera.
Los peritajes que desmintieron la presencia de drogas
El segundo punto cuestionado es la referencia a la existencia de drogas. De acuerdo con el estudio, las pericias realizadas por Gendarmería Nacional sobre los medicamentos secuestrados arrojaron resultado negativo para sustancias estupefacientes, aunque la imputación continuó incluyendo menciones al narcotráfico. El propio Rudnev declaró ante la prensa: «Narcotráfico agravado significa que tiene que haber existido una gran cantidad de sustancia estupefaciente, y eso no se encontró».
La defensa de Rudnev también cuestionó que la fiscalía haya utilizado el término «narcotráfico agravado» para referirse a pastillas que, según los peritajes oficiales, no contenían sustancias prohibidas. Una presentación judicial de la defensa señaló que la acusación se sostiene con «argumentos fácticamente inexactos» para mantener la prisión preventiva del imputado.
El informe de Gendarmería Nacional, al que accedió la investigación, determinó que los medicamentos incautados no contenían sustancias prohibidas y que su posesión era perfectamente legal. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la hipótesis del narcotráfico en la acusación, generando un relato de peligrosidad que, según el estudio, no se correspondía con la realidad de los hechos.
El estudio también revela que una parte importante de los medios occidentales, después de abril de 2025, tomó como antecedentes informes provenientes de fuentes oficiales rusas y posteriormente reprodujo las afirmaciones de la fiscalía argentina sin contar durante meses con la versión de los acusados.
La declaración de la presunta víctima
El tercer aspecto, y el de mayor contraste con la documentación judicial, está vinculado con Elena Makarova, la mujer embarazada identificada como presunta víctima. Según el informe, Makarova declaró en Cámara Gesell que «no es víctima de nada ni de nadie», regresó posteriormente a Rusia y presentó una denuncia contra los fiscales de Bariloche por el trato recibido durante su permanencia en la Argentina.
La madre de la joven, Irina Makarova, envió una carta al expediente en la que sostuvo que su hija no es víctima y que, por el contrario, fue maltratada en los refugios a los que fue llevada. Según fuentes cercanas al caso, la mujer manifestó formalmente y en reiteradas oportunidades no considerarse víctima de ningún ilícito.
La declaración de Makarova es una de las pruebas más contundentes contra la versión fiscal. Si la supuesta víctima niega serlo, si regresa a su país y si además denuncia a los fiscales por maltrato, la hipótesis de la trata de personas se debilita significativamente. Sin embargo, la causa siguió su curso.
«Después de un año y medio de detención de mi marido se comprobó que era falso el pedido de captura internacional de Konstantin Rudnev, el peritaje de Gendarmería Nacional sobre drogas dio totalmente negativo, la presunta víctima declaró en Cámara Gesell que no es víctima de nada ni de nadie» — afirmó Tamara Rudneva, esposa del imputado, tras la difusión del estudio.
La construcción mediática y la cadena de información
El estudio del periodista Marco Respinti identifica tres núcleos en la construcción de la imagen pública de Rudnev: las primeras publicaciones oficiales rusas que lo caracterizaron como peligroso; un movimiento «antisectas» francés vinculado a Hugues Gascan y Alban Bourdy; y las acusaciones difundidas desde la investigación penal argentina. La tesis del trabajo es que esos tres niveles no constituyeron fuentes independientes, sino que reutilizaron información de antecedentes comunes.
Según el estudio, esa cadena de reproducción acrítica de información habría comenzado en Rusia y terminado influyendo en la detención de Rudnev en Argentina. A lo largo de 25 años, el contenido de las publicaciones sobre Rudnev llegó con su nombre ya desacreditado a cada nuevo país en el que se instaló, antes de que existiera alguna causa judicial en su contra.
El CESNUR es un centro académico independiente dedicado al estudio de los nuevos movimientos religiosos, que ha sido reconocido por su defensa de la libertad religiosa y su enfoque crítico hacia las acusaciones sin fundamento. La publicación Bitter Winter es una revista digital que cubre temas relacionados con la libertad religiosa y los movimientos espirituales en el mundo.
La defensa de Rudnev, encabezada por el abogado Martín Sarubbi, también presentó una denuncia disciplinaria contra los fiscales Fernando Arrigo, Tomás Labal y Gustavo Révora por presuntas irregularidades en la investigación. La denuncia sostiene que existe un «patrón de actuación dirigido a sostener la prisión intramuros del señor Rudnev mediante argumentos fácticamente inexactos».
El estado actual de la causa
Rudnev permanece detenido en el marco de una investigación por trata de personas agravada, falsedad ideológica, delitos migratorios y otros delitos vinculados a la alteración del estado civil de un menor. La Cámara Federal de Casación Penal revocó en junio pasado la prisión domiciliaria que había obtenido, al considerar que persistía el riesgo de fuga debido a la gravedad de los delitos investigados y la falta de arraigo en el país.
La causa contra Rudnev se originó a partir de una denuncia presentada por una mujer rusa que afirmaba haber sido sometida a explotación en la comunidad espiritual que el imputado lideraba en Bariloche. Sin embargo, según la defensa, esa denuncia fue desmentida por la propia denunciante, quien luego se retractó y regresó a su país.
El estudio académico no constituye una sentencia judicial, pero aporta elementos que podrían ser considerados por la defensa en su estrategia legal. La causa continúa su curso en la Justicia Federal de Bariloche, donde se esperan nuevas resoluciones en las próximas semanas.
El caso de Rudnev ha generado repercusión internacional, con organizaciones de defensa de los derechos humanos y libertad religiosa que han expresado preocupación por las condiciones de su detención y la falta de pruebas concretas en su contra.
El próximo paso en el proceso judicial será la eventual elevación de la causa a juicio oral, aunque la defensa anticipa que solicitará el sobreseimiento de su cliente si las inconsistencias señaladas por el estudio persisten en el expediente.
