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El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que busca acelerar los procesos de desalojo y modificar el régimen de expropiaciones. El texto, que sufrió 18 modificaciones durante su tratamiento, deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera completar su sanción antes de que termine el año.
El proyecto llegó al recinto sin el capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, luego de que el oficialismo decidiera retirarlo ante la falta de votos y las críticas de gobernadores y legisladores de la oposición. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lamentó la decisión, aunque el Gobierno aclaró que el capítulo podría volver a debatirse en el futuro.
La sesión se desarrolló en un clima de tensión. La oposición intentó frenar el tratamiento a través de una moción para que el proyecto regrese a comisiones, argumentando que el dictamen final fue enviado recién este mediodía, lo que impidió un estudio y tratamiento serio. Sin embargo, la moción fue rechazada por 38 votos contra 31, y el oficialismo logró mantener la sesión.
El proyecto fue aprobado en general con 37 votos a favor y 33 en contra, y pasó a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. La votación se desarrolló en una jornada de alta tensión tanto dentro como fuera del Congreso. Mientras en el recinto se sucedían los cruces entre oficialismo y oposición, en las inmediaciones del Congreso organizaciones sociales y movimientos políticos se manifestaron contra el proyecto. La intervención de las fuerzas de seguridad derivó en incidentes que dejaron al menos 12 detenidos y varios heridos.
Los 7 cambios clave que establece la ley
Entre los principales cambios de la iniciativa se destaca la aceleración de los procesos judiciales de desalojo y la redefinición de los derechos y obligaciones para propietarios e inquilinos. Esto no significa que el propietario pueda desalojar por su cuenta al inquilino o al ocupante: la intervención de un juez continuará siendo obligatoria.
1. Adopción del proceso sumarísimo: El proyecto plantea que, transcurridos 10 días desde el incumplimiento del pago del alquiler, el propietario puede intimar al inquilino e iniciar el procedimiento sumarísimo, el proceso más rápido del sistema judicial. Según Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios, «el esquema sumarísimo reduce significativamente los plazos: podría resolverse entre cuatro y seis meses».
2. Desocupación inmediata por falta de pago o vencimiento: Cuando la causal sea la falta de pago o el vencimiento del contrato, el propietario podrá obtener la desocupación inmediata bajo caución juratoria. El inquilino tiene un plazo de diez días para saldar la deuda. En el caso de vencimiento del contrato, no es necesario esperar esos 10 días de intimación.
3. Entrega anticipada del inmueble: El propietario puede solicitar la entrega del inmueble de forma anticipada antes de la sentencia final. Como medida de equilibrio, si se demuestra que el propietario pidió la desocupación ocultando información, el juez le impondrá una multa de hasta 10 veces el valor del último alquiler a favor del inquilino.
4. Se habilita el domicilio electrónico como canal válido: La iniciativa avanza en la modernización de las notificaciones, al habilitar el domicilio electrónico como canal válido para comunicar la demanda e intimar el pago.
5. El propietario no puede rechazar la entrega de llaves: La consignación o entrega fehaciente de las llaves tendrá efectos restitutorios cuando el locador se niegue a recibirlas, evitando que el inquilino continúe adeudando alquileres únicamente por la falta de recepción de la propiedad.
6. Protección a personas vulnerables: Cuando haya menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para garantizar una solución habitacional transitoria. El juez deberá otorgar un plazo de hasta diez días para asegurar una alternativa habitacional transitoria antes de ejecutar el lanzamiento.
7. Autorización del uso de la fuerza pública: El mandamiento de lanzamiento incluirá la autorización para el uso de la fuerza pública, el allanamiento y la apertura de cerraduras, incluso si el inmueble parece estar desocupado.
El debate político y las críticas de la oposición
El proyecto fue defendido por la senadora Patricia Bullrich, quien aseguró que la iniciativa busca «terminar con años de injusticia y delincuencia» y que «el que cumple la ley tenga derechos y el que la viola enfrente consecuencias». Sus declaraciones fueron interpretadas por sectores opositores como una equiparación entre quienes incumplen contratos de alquiler y los delincuentes, lo que generó fuertes críticas.
La senadora Flavia Royón (Salta) anticipó que no acompañará el proyecto. Pese a que se logró eliminar dos capítulos que generaban cuestionamientos, la legisladora sostuvo que el texto que quedó en debate «todavía contiene errores conceptuales y técnicos que deben revisarse» y que «Argentina hoy necesita que discutamos las verdaderas prioridades».
El senador peronista José Mayans calificó el proyecto como «inconstitucional de cabo a rabo» y denunció que el Gobierno busca avanzar sobre empresas públicas mediante privatizaciones. La senadora Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, defendió el proyecto al sostener que busca terminar con «el privilegio de los usurpadores».
El senador Marcelo Lewandowski (PJ-Santa Fe) calificó el proyecto como «un mamarracho» y cuestionó las sucesivas modificaciones: «Esta ley desde que fue firmada en comisión presentó 17 cambios; si hoy salta la ley, son 18 cambios».
El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera completar su sanción antes de que termine el año.
