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El juez Gustavo Meirovich dictó la prisión preventiva del exjefe de la barra de Independiente y le trabó un embargo de 800 millones de pesos. Se lo vincula con una compleja red criminal transnacional que operaba desde Europa y Bolivia, utilizando empresas fachada para el lavado de activos.
En un fallo judicial de gran impacto institucional, la Justicia Nacional en lo Penal Económico dictó el procesamiento con prisión preventiva de Pablo «Bebote» Álvarez, el reconocido exlíder de la barra brava del Club Atlético Independiente. Tras una extensa investigación, se lo halló presunto coautor de los delitos de asociación ilícita y tráfico de estupefacientes a escala transnacional. La medida, que incluye un embargo sobre sus bienes por 800 millones de pesos, expone los peligrosos vínculos entre las estructuras de violencia en el fútbol y los cárteles de la droga internacionales.
La resolución del juez Meirovich: el entramado criminal
La resolución, rubricada por el juez subrogante del Juzgado Penal Económico N° 2, Gustavo Meirovich, y el secretario Damián Mazzucco, es un documento de 109 páginas que disecciona el funcionamiento de una corporación delictiva de altísima sofisticación. El expediente, donde también interviene el fiscal Emilio Guerberoff y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en calidad de querellante, describe una matriz que va mucho más allá de la simple venta de estupefacientes.
Bebote Alvarez
Según los considerandos del magistrado, la organización «se dedicaba al tráfico de estupefacientes a gran escala, teniendo como principales objetivos la importación de MDMA/éxtasis desde el continente europeo y de cocaína desde Bolivia». Posteriormente, estas sustancias, junto con tusi, ketamina, marihuana y popper, eran distribuidas en el territorio nacional. A la par de la logística narcocriminal, la estructura había diseñado un complejo circuito financiero con el fin de legitimar los activos (lavado de dinero) y fondear futuras operaciones ilícitas.
El origen: el operativo en Ezeiza y la caída de la cúpula
El derrotero judicial que hoy deposita a Álvarez en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz comenzó el 21 de febrero del corriente año. En aquella jornada, un operativo en el aeropuerto internacional de Ezeiza culminó con el secuestro de éxtasis. La droga viajaba oculta en el equipaje de un individuo proveniente de Barcelona a través de la aerolínea Level.
Uno de los cargamentos de bolivia
Lejos de cerrar el caso con el transportista, la pericia tecnológica sobre los dispositivos móviles secuestrados permitió trazar un mapa de vínculos y roles. Las comunicaciones desencriptadas revelaron que la banda funcionaba con departamentos estancos: un grupo coordinaba en Bolivia la adquisición de cocaína, otro manejaba las importaciones de diseño desde Europa, y un tercer grupo, compuesto por testaferros y financistas, inyectaba el capital en circuitos legales. Es en la cúspide de este organigrama donde la investigación ubicó a Álvarez.
El «Museo Paladar Rojo»: Fachada legal y centro de coerción
Uno de los elementos centrales probatorios gira en torno a un inmueble situado en la calle Ricardo Bochini al 700 (Avellaneda), conocido comercialmente como «Museo Paladar Rojo», propiedad de Bebote Álvarez. En los papeles, este espacio (donde funcionaba un museo de camisetas y un espacio gastronómico) era alquilado por terceros encargados de darle apariencia de licitud al dinero narco.
Sin embargo, la instrucción judicial demostró que el lugar era utilizado como base operativa para secuestros y torturas. Consta en la causa el caso de un hombre identificado como Rodrigo E., vinculado a la estructura, quien fue privado ilegítimamente de su libertad por mantener una «deuda» de drogas. Allí fue obligado a desnudarse, siendo vejado y fotografiado para generar material extorsivo. El fallo judicial destaca que integrantes de la banda «privaron ilegítimamente de la libertad, golpearon, humillaron y extorsionaron a miembros de su propia organización».
Rodrigo E., vinculado a la estructura, quien fue privado ilegítimamente de su libertad por mantener una «deuda» de drogas. Allí fue obligado a desnudarse, siendo vejado y fotografiado para generar material extorsivo.
Aunque Álvarez se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en Moreno por una causa de intimidación pública en jurisdicción del fiscal Mariano Zitto, el juez Meirovich concluyó que el procesado mantenía plena «capacidad de decisión sobre el inmueble» y «conocimiento pleno de los actos de privación ilegítima de la libertad ejecutados dentro de su predio».
Roles definidos: el «Affectio Societatis Ilícito»
En el apartado analítico de los roles, el magistrado delineó claramente la función de los imputados. Se determinó que Pablo Álvarez «operaría como un factor de intimidación, utilizando su figura para garantizar la disciplina interna y cobrar deudas del narcotráfico, e intervendría en la logística vinculada al abastecimiento de cocaína desde Bolivia». Por su parte, Raúl Manzone (alias «Bruja»), quien también recibió prisión preventiva, actuaba como el adquirente directo de la mercancía ilegal.
El fallo es taxativo al rechazar la idea de una participación eventual: «La habitualidad de sus comunicaciones encriptadas, la utilización del local de Álvarez como base de las actividades ilícitas (…) y la ejecución sistemática de directivas violentas impartidas en sus nombres evidencian un pacto criminal estructurado». El juez fundamentó jurídicamente la existencia de un claro affectio societatis ilícito (voluntad de asociarse para delinquir de forma permanente).
Estrategia de defensa y derivaciones penales
Durante las instancias indagatorias, Álvarez rechazó las imputaciones argumentando ser víctima de una maniobra de encubrimiento. «Soy inocente, todo esto es un engaño de estos personajes que están presos (…) están usando mi nombre para encubrir a los verdaderos organizadores», declaró, asegurando que sus ingresos lícitos provienen del alquiler de una propiedad en Palermo y de una antena de telefonía situada en el polémico museo.
Soy inocente, todo esto es un engaño de estos personajes que están presos
Pese a sus intentos de desvinculación, las pruebas documentales, testimoniales y tecnológicas recabadas por la División Operaciones Federales de la PFA resultaron suficientes para que la Justicia Penal Económica dictara el procesamiento gravoso. La decisión de trabar un embargo por 800 millones de pesos apunta a asfixiar la logística financiera de la red.
Este pronunciamiento judicial no solo significa un duro revés procesal para uno de los actores más controvertidos del fútbol argentino en las últimas dos décadas, sino que también sienta un precedente fundamental sobre cómo las herramientas del fuero Penal Económico y Aduanero pueden desarticular las redes de lavado de activos que sustentan la impunidad de las cúpulas del narcotráfico en la Argentina.
