Lunes 16 de noviembre de 2026
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La Justicia avanza sobre Austral Agro: ordenan liquidar la firma de Lázaro Báez en medio de una nueva investigación penal

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La situación patrimonial y judicial de Lázaro Báez sumó un nuevo capítulo tras la reactivación de medidas procesales sobre sus empresas. Según informó la agencia Noticias Argentinas (NA), el Tribunal Oral Federal N° 4 dispuso el avance hacia la liquidación de las acciones de Austral Agro S.A., una compañía del sector ganadero perteneciente a la familia del empresario, con el objetivo de saldar las multas económicas derivadas de las condenas por lavado de activos en la causa conocida como ‘Ruta del dinero K’.

De acuerdo con la resolución judicial citada por la agencia de noticias, la jueza Valeria Rico ordenó la inscripción de las acciones de la firma a nombre del Estado Nacional y encomendó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) asumir su control operativo. La medida busca cubrir las sanciones pecuniarias impuestas por el tribunal a Báez y a su hijo Martín, que alcanzan los 329.237.200 dólares y 274.364.333 dólares respectivamente, luego de que ambos fueran condenados por maniobras de lavado de dinero proveniente de la obra pública.

El origen de la empresa y sus sucesivos cuestionamientos judiciales

Austral Agro S.A. fue constituida formalmente el 11 de octubre de 2007 por Lázaro Báez y Fernando Javier Butti con un capital inicial de 50.000 pesos, según consta en los registros del Boletín Oficial relevados por NA. Originalmente orientada a actividades agrícolas, ganaderas e inmobiliarias, la estructura societaria se consolidó más tarde bajo control familiar: Lázaro Báez retuvo el 70% del paquete accionario en calidad de director titular, mientras que Martín Báez asumió como suplente con el 30% restante. Registros de causas previas indican que hacia 2016 la firma contaba con una plantilla de 70 empleados y sus gastos operativos solían cubrirse con dinero en efectivo provisto por el propio empresario.

Los conflictos legales en torno a la empresa se remontan a 2018, momento en el cual el TOF N° 4 decretó la intervención judicial de la compañía a solicitud de la Inspección General de Justicia (IGJ). En aquella oportunidad, las autoridades judiciales señalaron una presunta falta de colaboración y reticencia por parte de su apoderado, Leandro Báez, lo que derivó en la remoción del directorio y la designación de un administrador oficial. Asimismo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 acreditó en un proceso posterior la retención indebida de aportes previsionales a sus trabajadores durante febrero de 2016 por un monto de 113.925 pesos.

La nueva acusación por administración clandestina desde la cárcel

De forma paralela al proceso de liquidación, la Justicia Federal de Río Gallegos abrió una nueva causa que vuelve a situar a Austral Agro en el centro del debate judicial. El fiscal federal Julio Zárate, en conjunto con el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Jorge Rodríguez Ponte, imputaron a Báez y a otras 16 personas por presunta asociación ilícita y lavado de activos, acusándolos de coordinar un circuito económico clandestino mientras el empresario se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, cumpliendo una pena unificada de 15 años de prisión.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que el empresario habría gestionado la explotación de establecimientos rurales bajo medidas cautelares a través de intermediarios de su confianza mediante contratos de arrendamiento y convenios ganaderos irregulares. Los investigadores estiman que estas maniobras involucraron un flujo financiero cercano a los 390.880.000 pesos, lo que agrega un nuevo frente judicial tanto para Báez como para el destino final de los activos alcanzados por las medidas patrimoniales del Estado.

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