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El juez federal Luis Armella dispuso la prohibición de salida del país para el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su ex pareja, la conductora Jesica Cirio, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, rechazó el pedido de detención solicitado por el fiscal federal Sergio Mola.
La medida incluye también a otros imputados en la causa, entre ellos Sofía Clerici, y establece además restricciones de circulación y la obligación de mantenerse a disposición del tribunal.
Las medidas dispuestas por el juez
En lugar de la detención, Armella ordenó una serie de restricciones procesales:
- Prohibición de salir del país, con notificación a la Dirección Nacional de Migraciones.
- Restricción de circulación: no podrán alejarse más de 50 kilómetros del domicilio declarado sin autorización judicial.
- Obligación de informar cualquier ausencia superior a 24 horas.
- Deber de mantener actualizado el domicilio en un plazo de 24 horas.
- Compromiso formal de no entorpecer la investigación.
El juez consideró que estas medidas resultan “idóneas y proporcionales” para garantizar el avance de la causa sin necesidad de recurrir a la detención.
Los fundamentos del rechazo a la detención
En su resolución, el magistrado sostuvo cinco ejes principales para rechazar el pedido del fiscal:
- El video clave de la causa aún no fue peritado por la DATIP, por lo que su autenticidad no está confirmada. Incluso se ordenó analizar si pudo haber sido manipulado o generado con inteligencia artificial.
- El material podría ser anterior al inicio formal de la investigación, lo que debilita el argumento de un riesgo procesal actual.
- Los imputados habrían mantenido una conducta colaborativa y se mantuvieron siempre a disposición de la Justicia.
- En el caso de Jesica Cirio, el juez señaló la falta de una imputación concreta o calificación legal específica.
- El dictamen fiscal presenta, según la resolución, deficiencias de fundamentación que podrían afectar su validez.
El origen de la causa
La investigación se originó tras la difusión de videos grabados en 2023 donde se observan fajos de dólares en el vestidor de una propiedad vinculada a Insaurralde en un barrio privado de San Vicente.
A partir de ese material, la Justicia ordenó allanamientos, peritajes de dispositivos electrónicos y análisis de movimientos financieros, con el objetivo de determinar el origen de los fondos.
El expediente investiga posibles maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante el período 2009–2023.
Avance de la investigación
La causa continúa con medidas de prueba como inspecciones oculares en la vivienda de San Vicente, pedidos de informes sobre ingresos y egresos al barrio privado, y declaraciones testimoniales a ex empleadas domésticas y un contador vinculado a sociedades investigadas.
El objetivo central del expediente es determinar la procedencia del patrimonio atribuido al ex funcionario y a su entorno cercano.
